Los migrantes mexicanos en estados unidos frente al Covid 19 y el nuevo proyecto de nación en México

Rodolfo García Zamora, Miguel Moctezuma Longoria y Oscar Pérez Veyna

La doble pandemia mundial, sanitaria y económica, tiene impactado a todo el planeta y cuestiona toda la institucionalidad de los países en el manejo de sus sistemas de salud, de la economía, del empleo y de la capacidad de reproducción económica, social, energética y ambiental con equidad y sustentabilidad en todos ellos. México no es la excepción y la doble pandemia viene a profundizar los daños de la enorme destrucción que provocaron los gobiernos neoliberales de 1982 a 2018 destruyendo el mercado interno y la capacidad masiva de generación de empleo con la desaparición de las políticas públicas de desarrollo regional y sectorial apostando que con las privatizaciones y la apertura a la inversión extranjera y las exportaciones como motores de crecimiento se llegaría al desarrollo del país. En los hechos, este modelo de la muerte aniquiló el mercado interno, el empleo, la cohesión regional y la paz en todo el país en beneficio de un reducido grupo oligarca beneficiado de esas políticas que le ha permitido controlar más del 80% de la riqueza nacional.

  El nuevo gobierno de López Obrador en 2018 promete un Nuevo Proyecto de Nación con democracia, soberanía, empleo, bienestar y seguridad para todos, pero enfrenta la deuda nacional más grande de la historia del país de 11 billones de pesos (50% del PIB nacional), la quiebra de las finanzas públicas por un estructura fiscal regresiva, una enorme informalidad de 57% de la PEA, 52 millones de pobres, 8 millones de “Ninis” y más de 250 mil asesinatos, 80 mil desaparecidos y 40 mil desplazados por las violencias y megaproyectos. Que impiden hasta ahora que AMLO avance en el Nuevo Proyecto de Nación y se rarifique el mismo proyecto económico neoliberal con orientación asistencialista hacia ancianos y jóvenes con un mayor gasto social y explica la caída del crecimiento económico del país en menos 0.7% en 2019 y la gran vulnerabilidad económica, presupuestal y en salud de todo el gobierno para enfrentar los impactos de las pandemias sanitaria y económica en México.

 Ante los impactos del neoliberalismo y del TLC en México, la migración internacional a Estados Unidos se convirtió en una “válvula de escape” temporal a los problemas económicos, sociales e institucionales del país, a las consecuencias de ese modelo económico desde 1982 y el funcionamiento del TLC por más de 25 años, la expulsión de mexicanos crece de 800 mil a 11 millones de finales de los años 70s al año 2007, reduciendo las tensiones del mercado laboral y las contradicciones sociales con la transferencia de más de 475 mil millones de dólares en los últimos 40 años, que han beneficiado a más de 1.6 millones de hogares y la construcción de más de 30 mil proyectos comunitarios por parte de 2300 Clubes de Migrantes Mexicanos en Estados Unidos. Todo lo anterior sin que el gobierno mexicano se preocupara por políticas públicas de desarrollo económico, migración y derechos humanos que incidieran en las causas estructurales de los flujos migratorios. Las políticas migratorias fueron parciales, reactivas y tardías, formando parte de las políticas de seguridad del Estado mexicano. Sin considerar las causas estructurales de los mismos, ni los derechos humanos de todos los migrantes que salían, llegaban, transitaban y retornaban a México. El nuevo gobierno mexicano en 2018 y ahora, enfrenta el doble reto de construir y aplicar una nueva estrategia de desarrollo nacional, soberana, con empleo, con equidad y seguridad humana para todos y, al mismo tiempo, incluir una política de Estado sobre desarrollo integral, migración y derechos humanos que responda a las siete dimensiones migratorias del país como espacio de origen, destino, tránsito, retorno, desplazamientos, asilo y refugio.

En los presupuestos 2019 y 2020 el gobierno federal y el Congreso castigaron y excluyeron las partidas más importantes para los migrantes mexicanos como el Fondo de Apoyo Migrante, el Fondo para Fronteras y el Programa 3×1. Con ello se ratificaba que los migrantes no han sido, ni son prioridad de ningún gobierno en 50 años. Ni del Poder Legislativo, ni Judicial, ni de los gobiernos estatales, y tampoco para ninguno de los partidos políticos. Pese a que en los últimos veinte años las organizaciones migrantes junto con organizaciones de la Sociedad Civil de México, Estados Unidos y Centroamérica, académicos, iglesias y otros actores hemos hecho múltiples propuestas de programas y políticas públicas de desarrollo, migración y derechos humanos para los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión, sin ningún resultado.

Ahora que la pandemia sanitaria agrava los daños de la pandemia económica mundial del desempleo y que el gobierno anuncia mayor gasto social hacia los sectores más vulnerables del país y crece la confrontación con las cupulas empresariales que exigen condonaciones fiscales y que se endeude el gobierno para que se les rescate como se hizo en 1982 y 1994. Cuando se anuncian 30 días más de “cierre” económico del país y 45 días para la reactivación gradual de las actividades, los sectores micro- empresariales, pequeños y medianos exigen una estrategia de apoyo económico, las cupulas empresariales refuerzan su estrategia de chantaje para que se les rescate con deuda pública y llegan a plantear, incluso, abiertamente luchar por quitar al gobierno federal actual. Nadie se preocupa por 38 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos, 12 millones nacidos en México y 6 millones en situación de indocumentados, 25% de toda la población mexicana en situación de pobreza y gravemente afectados ya por 22 millones de desempleados y la falta del acceso al servicio de la salud. Ni el gobierno federal, ni los gobiernos y Congresos estatales, ni los empresarios beneficiados de los 475 mil millones de dólares de remesas enviados   en los últimos cuarenta años (36.4 mmd en 2019), se preocupan por ellos, por los impactos de la doble crisis en nuestras comunidades en Estados Unidos y México. No hay ninguna política pública de apoyo a los 4 millones de migrantes retornados a México de 2008 a 2018. Siguen siendo invisibles, ausentes de la Agenda Pública Nacional, de los programas y de los presupuestos, aunque se les vuelve a llamar “héroes” en el discurso oficial.

  Por todo lo anterior, nos comunicamos a toda la Nación mexicana de 165 millones de personas, 127 millones en México y 38 millones en la Unión Americana, al gobierno mexicano en sus tres niveles, a los tres Poderes, al sector empresarial y a la Sociedad Civil Transnacional para exigir la inclusión de los migrantes mexicanos como ciudadanos con derechos plenos en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos que viven en México. No es posible seguir soportando un extractivismo creciente de su trabajo y el de sus familias para seguir manteniendo al país y las obligaciones de inversión pública en infraestructura del gobierno mexicano enviando masivamente remesas familiares y colectivas, cuando nuestras comunidades en Estados Unidos sufren los impactos sanitarios de la pandemia y los severos impactos económicos con escaso apoyo del gobierno de ese país y sin ninguna propuesta de política pública del gobierno mexicano para nuestras comunidades de origen y de información, capacitación y apoyo en las comunidades de destino. Ante esta situación planteamos el siguiente Manifiesto a la Nación Mexicana en su conjunto, en particular, a los actores institucionales responsables de la conducción del país y de su población, incluso, más allá de sus fronteras, el Ejecutivo Federal y el Congreso, los Ejecutivos estatales y sus Congresos:

1.- Los migrantes mexicanos deben dejar de ser tratados como ciudadanos de segunda, excluidos de los derechos económicos, sociales y políticos de que gozan los ciudadanos en México, en general. Deben dejar de ser considerados como “cajeros automáticos” que financian las obras públicas en sus comunidades de origen y colaboran en las votaciones, ahora de forma virtual, para fingir que participan en una inexistente democracia transnacional.

2.- La reducción y exclusión presupuestal de los Fondos y Programas Migrantes en los PEF 2019 y 2020 marcan una ruptura histórica del Estado mexicano con la comunidad migrante en Estados Unidos y sus miles de comunidades en México. Se requiere un cambio a fondo en todo el Estado mexicano, que reconozca el aporte económico, financiero, social y cultural en el mantenimiento del país por más de 40 años y que ahora deben formar parte central en el diseño de propuestas de apoyo a todos los sectores económicos y sociales frente a los impactos de la doble pandemia, tanto en nuestras comunidades de origen como de destino. Más allá de programas emergentes para superar la doble pandemia y para que todo siga igual, nosotros planteamos que la “Economía de Guerra” que requiere actualmente el país debe ir más allá para fortalecer el empleo, la micro, pequeña y mediana empresa, el mercado interno, el consumo y bienestar popular en forma estructural. Además, debe incluir a las comunidades migrantes transnacionales con sus necesidades y demandas específicas, deben formar parte del cimiento de la construcción de un Nuevo Proyecto de Nación con visión transnacional, que los integre con necesidades, con demandas, con propuestas y potencialidades hasta ahora no aprovechadas. Ahora que el fundamentalismo del mercado neoliberal está aplastado mundialmente por la contundencia de la doble pandemia, reconocido por el Fondo Monetario Mundial, por el Banco Mundial, la OCDE, la ONU y hasta por China, Estados Unidos y la Unión Europea que están estableciendo crecientemente políticas keynesianas de reactivación económica con mayor inversión pública, endeudamiento coyuntural, programas masivos de empleo, estímulos fiscales y transferencias  de ingresos, México debe romper la jaula neoliberal, superar la evasión fiscal de las grandes corporaciones, fortalecer los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, seguir apoyando el ingreso y consumo popular masivo, pensar incluso en establecer el ingreso universal a toda la población, fusionando y reduciendo la dispersión de programas sociales. Todo ello con una profunda Reforma Fiscal que posibilite el apoyo a todos los sectores económicos y sociales vulnerables ante la doble pandemia y el financiamiento de la nueva estrategia de desarrollo nacional con soberanía, democracia, equidad y sustentabilidad para todos, con un sistema impositivo en el cual paguen más quien gana más y revierta la precariedad e injusticia del sistema actual que tolera la evasión de los multimillonarios, su exportación de miles de millones de dólares y reduce el aporte fiscal al mundo del trabajo, los sectores medios, los migrantes y sus remesas.

Ratificamos varias propuestas de programas y políticas públicas que hemos hecho en los últimos años al gobierno mexicano, al Congreso y al Senado, sin ningún resultado hasta ahora, y agregamos en principio propuestas de acción inmediata ante los impactos de la doble pandemia en la comunidad migrante transnacional mexicana y acciones de política pública a mediano plazo como parte de la construcción del Nuevo Proyecto de Nación.

  1. Propuestas emergentes ante la doble contingencia:
  2. Constitución de un grupo multidisciplinario, intersectorial y transnacional que analice los impactos de la doble pandemia sobre las comunidades migrantes mexicanas y las comunidades migrantes de otros países que transiten y radiquen en nuestro país y busque y construya una estrategia de apoyo integral para ellos durante la etapa COVID19 y después de ella.
  3. Que la estrategia de salud binacional sea una prioridad central aprovechando toda la experiencia tenida de Ventanillas de Salud en los 50 Consulados en Estados Unidos, la experiencia de las clínicas comunitarias, la Iniciativa de Salud para las Américas de la Universidad de Berkeley y nuevas propuestas que existen ahora en California, Illinois y Nueva York, entre otras.
  4. Que la UNAM, el Politécnico, la UAM, la ANUIES y Conacyt establezcan una plataforma virtual de consultas médicas y apoyo psicológico masivas para la comunidad mexicana (y latina en general) en Estados Unidos que informe sobre el COVID19, sobre su prevención, su contención y manejo ahora y en la etapa postCOVID19.
  5.  Que Relaciones Exteriores y los gobiernos estatales con mayor intensidad migratoria promueva una campaña del cuidado de las remesas familiares y el consumo familiar frente al COVID 19 y sus secuelas en 2021 y posteriormente en comunidades de origen y destino de migrantes.
  6. Que se establezca un Fondo de Apoyo a la Inversión Migrante Familiar con riesgo compartido para pequeños proyectos familiares. Esto se puede realizar mediante el actual Programa de Microcréditos para el Bienestar de la Secretaría de Economía con créditos de hasta 20 mil pesos ofrecido ante la contingencia del COVID 19.
  7. Que se restablezca el Fondo de Apoyo Migrante (FAM) adecuado a las nuevas condiciones del país, de los impactos de la doble pandemia, pero, que no sea menor que los apoyos que ofrece el gobierno federal y de la Ciudad de México a la población vulnerable actualmente y a microempresarios.
  8. Que las oficinas estatales de atención al migrante, coordinadas con la Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaria de Salud mediante los 50 Consulados en Estados Unidos promuevan el retorno planeado (cuando sea posible) con las orientaciones y guías sanitarias necesarias, desde las salidas en comunidades de destino, en frontera y comunidades de origen, para evitar un aumento y descontrol del COVID en estas comunidades que rebase la capacidad de actuación de los sistemas de salud estatales. Se debe incluir un paquete de información familiar de integrantes, edades, situación de salud, educativa, calificaciones y experiencia laboral, etc.
  9. Que los sistemas de salud estatales con mayor migración internacional establezcan el “Sistema Centinela Estatal” de monitoreo del COVID 19 en las fronteras y las regiones de mayor intensidad de migración de retorno preparando los equipos técnicos adecuados para su acción durante la tercera etapa del COVID 2019 y sus secuelas.

3.2 Propuestas estructurales

  1. Una política de Estado sobre la generación de 1.5 millones de empleos al año (durante cinco años) mediante políticas públicas de desarrollo sectorial y regional con énfasis en el desarrollo rural, por su triple capacidad de fortalecer la soberanía alimentaria nacional, los impactos multiplicadores en el conjunto de la economía del país y la gran capacidad de generar empleos.
  2. Una Reforma Fiscal Integral que permita que México eleve la recaudación fiscal del 17 al 30% del Producto Interno Bruto como lo hacen la mayoría de los países de la OCDE a que pertenece México. Esta Reforma necesaria para enfrentar los impactos de la doble pandemia y financiar la política de empleo de Estado y el nuevo proyecto de desarrollo económico soberano, equitativo y sustentable, sólo puede hacerse con un enfoque progresista de que paguen más quienes ganan más como sucede en los países con mayor bienestar como los países Nórdicos y Alemania, donde la doble pandemia ha tenido menos daños.
  3. Asegurar el control social, fiscalización y transparencia plena en todas las dependencias federales, los gobiernos estatales y municipales, erradicando la corrupción y rapiña de los recursos públicos de esos tres niveles de gobierno y de los tres Poderes, que son en gran medida responsables del desmantelamiento que sufre actualmente el país frente a los impactos de la doble pandemia.
  4. Que se analicen, valoren y actualicen todas las propuestas que se han hecho desde la Sociedad Civil Transnacional en los últimos diez años en México sobre políticas de desarrollo económico, migración y derechos humanos, especialmente el Programa Especial de Migración de 2014 y las propuestas que ha hecho el Grupo de Trabajo sobre Políticas Migratorias en 2019 y 2020. Que se deseche el engaño de que las remesas generan desarrollo, 40 años en México lo refutan. Se requieren políticas públicas de desarrollo regional y sectorial con enfoque de empleo y los presupuestos necesarios para incidir en las causas estructurales de la migración generando 1.5 millones de empleos al año, permanentes y bien remunerados. Para ello, además, que la Secretaría de Hacienda considere las variables de intensidad migratoria internacional y recepción de remesas como nuevos criterios de asignación presupuestal y otorgamiento de trato fiscal preferente como se ha hecho con las zonas de exportación petroleras y se hace con las entidades con grandes corporaciones mineras actualmente.
  5. Con los impactos de la doble pandemia en Estados Unidos con 22 millones de desempleados a mediados de abril, son previsibles mayores deportaciones y migración de retorno que las que se dieron durante la crisis económica de 2007-2018(4 millones), por ello, replanteamos la necesidad de que el gobierno de México priorice su actuación hacia la migración de retorno bajo cuatro ejes centrales: Atención de salud, empleo, educación de menores e integración familiar y comunitaria.
  6. Proponemos como una propuesta base de apoyo al regreso forzado y “voluntario” de los migrantes mexicanos y sus familias, sujeta a nuevas propuestas, enriquecimiento y adecuación a las condiciones de los diferentes sectores de migrantes retornados, las diferentes condiciones de los estados y las distintas etapas del país bajo COVID etapa 2, etapa 3 y PostCOVID y reconstrucción económica, social e institucional de nuestras comunidades transnacionales, las siguientes acciones:
  7. Construir con los diferentes actores transnacionales, en particular organizaciones migrantes y el gobierno mexicano en sus tres niveles el Retorno Planeado Transnacional con todo el apoyo informativo en guías y controles sanitarios, apoyo en salud mental y respaldo básico de ingreso y bienestar.
  8. Mejorar y fortalecer los controles sanitarios en las fronteras con los registros completos de salud y situación demográfica y socioeconómica, particularmente de deportados, para establecer un sistema de apoyo hacia ellos que articule a los gobiernos fronterizos, el gobierno federal y los gobiernos estatales en origen, canalizando los apoyos necesarios para su reintegración comunitaria.
  9. Establecimiento de plataformas virtuales estales entre Universidades y gobiernos para la consulta y asesoría médica sobre el COVID 19 y posteriormente sobre las enfermedades crónico-degenerativas, el cuidado de la salud y apoyo emocional a las familias migrantes con énfasis en ancianos.
  10. Valorar privilegiar la extensión del Programa 2×1(que funciona actualmente sólo en Zacatecas) a los demás estados o restablecer el Programa 3×1 con énfasis en clínicas comunitarias y centros geriátricos integrales. Aprovechar los aportes del Programa Binacional de Salud, la Iniciativa de Salud de las Américas y el Programa Ibiza de la Dra. Xochitl Castañeda de la Universidad de Berkeley.
  11. Analizar las diferentes propuestas de seguro de salud y vida binacional, con orientación popular no depredadora, para revertir la falta de acceso al sistema de salud de la mayoría de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Ver la propuesta del Dr. Scott Robinson de la UAM-Iztapala de dedicar un 2% del envío de remesas para ese seguro, ver las propuestas de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) con su propuesta de construcción del Banco Migrante y la Fundación Mariana Trinitaria, entre otras.
  12. Apoyo a la reinserción laboral de los migrantes y sus familias con políticas de desarrollo estatal y municipal y regional con enfoque de empleo.
  13. Apoyo a la regularización legal de los infantes nacidos en Estados Unidos hijos de mexicanos y a la reinserción escolar de ellos y jóvenes retornados, simplificando la revalidación de estudios y superando trabas burocráticas actuales.
  14. Apoyo a la reintegración familiar y comunitaria mediante todos los apoyos federales, estatales y municipales de programas de apoyo social y psicoemocional. Integrar a las instituciones de educación superior como aliado estratégico con sus recursos humanos, programas de extensión universitaria y servicio social.
  15. Apoyo a la certificación laboral y académica adquirida en el exterior con la participación de la Secretaría del Trabajo, de Economía, Servicio Nacional de Empleo, Secretaría de Educación, organizaciones empresariales e instituciones educativas.
  16. Acceso a la capacitación laboral y educativa con el apoyo de la Secretaría del Trabajo, el Servicio Nacional de Empleo, Secretaría de Economía, Secretaría de Educación, Secretaría del Bienestar, organizaciones empresariales, ONGs, el CONACYT y la ANUIES.
  17. Diseñar programas especiales de apoyo para niñas, niños y jóvenes retornados o de ingreso por vez primera al país de origen mexicano.
  18. Diseñar programas de apoyo especial para mujeres retornadas con énfasis en salud física y emocional, empleo, capacitación e integración familiar.
  19. Específicamente, diseñar un Programa de Atención Integral para Migrantes de Retorno de la Tercera Edad, quienes durante más de 40 años mandaron remesas al país y ahora regresarán en mayor cuantía, viejos, enfermos, sin pensión y con el estigma actual de que pueden ser portadores del COVID 19 y no se les debe dejar entrar al país, los estados y comunidades de origen. La Reforma Fiscal urge en el país para superar la confrontación, la desigualdad y la inequidad. En particular, la doble pandemia debe hacernos compartir que la salud y el bienestar de todos son prioridad central: con salud se puede todo, sin ella nada. Ello significa potenciar al sistema nacional de salud, fortalecerlo como sistema de acceso universal para todos, en particular, para los ancianos que desde el exterior con su trabajo y sacrificio mantuvieron a flote a México y ahora envejecidos, expulsados por la precariedad, contingencia y xenofobia en Estados Unidos, el país tiene la deuda histórica de recibirlos, cuidarlos y apoyarlos como mínima reciprocidad hacia ellos.

Rodolfo García Zamora, Miguel Moctezuma Longoria y Oscar Pérez Veyna: México, Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas.

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