Argentina En Los Días Del Coronavirus

Por Daniel campione

La pandemia le ha dado la oportunidad al presidente de Argentina, Alberto Fernández, de presentarse como un jefe de estado responsable, que toma sus decisiones con alcance y tiempo adecuados, colocado en la cúspide en una cadena de mandos “piramidal”. Optó por la línea más dura en las restricciones a la ciudadanía, con ampliación de las facultades de inspección y control del aparato estatal y mayores funciones de vigilancia para las fuerzas de seguridad.

El coronavirus ha cambiado las prioridades. La renegociación de la deuda aparecía como primer objetivo del gobierno y después de realizada ésta se trazarían las grandes líneas de política económica. Si antes había razones para exigir la suspensión de los pagos e investigar la deuda, ahora con el COVID-19 esta salida es más necesaria para volcar los recursos a combatir la pandemia y el impacto económico social de la misma.

Si antes había razones para exigir la suspensión de los pagos e investigar la deuda, ahora con el COVID-19 esta salida es más necesaria para volcar los recursos a combatir la pandemia y el impacto económico social de la misma.

 El gobierno al principio pareció contar con el beneplácito general. Esto fue alterado por los grandes empresarios, que comenzaron a presionar por el regreso a la actividad, incluso con medidas de provocación como despidos masivos. Mientras tanto los precios de los alimentos y de los insumos sanitarios aumentan. Las entidades financieras incluso se permiten ignorar las normas que les imponen dar crédito a bajo interés.

Se elaboran proyectos legislativos que tienden a gravar con impuestos a las grandes fortunas, a modo de compensación, así sea en mínima medida, de la regresividad del sistema tributario. La respuesta por parte del gran capital es rápida y contundente, hasta circuló alguna convocatoria a la “rebelión fiscal”.

La acción del gobierno, por más que haya estado acertado en establecer la cuarentena, presenta serios rasgos negativos.

La acción del gobierno, por más que haya estado acertado en establecer la cuarentena, presenta serios rasgos negativos. Le dio el control de la calle a las fuerzas policiales, lo que comprende un intento de legitimar a esas policías que tienen más de aliadas del delito organizado que de protectoras de la seguridad ciudadana.  El gobierno no ha ampliado la injerencia de las organizaciones sociales en la atención y abastecimiento de los barrios populares, no les otorga participación en los indispensables controles de precios, no ha estimulado lo suficiente que la economía popular atienda necesidades sanitarias y de producción de alimentos. No ha sancionado con dureza las acciones represivas de la policía.

El “negocio de la salud” se apresta a lucrar a pleno al compás del avance de la enfermedad. Apenas el ministro de Salud insinuó colocar bajo control estatal a la sanidad privada, los empresarios de la atención sanitario exigieron y lograron garantías de no habrá políticas con esa orientación.

Frente a ese conjunto de situaciones, una perspectiva de izquierda impondría avanzar en el sentido opuesto:

-Que el sector público asuma la dirección de todo el sistema de salud, con participación de los trabajadores de la salud en su gestión. Esto debe ir acompañado con políticas de reconversión industrial hacia la producción de respiradores, instrumental médico, elementos de protección, etc.

-Control popular de precios en la cadena de producción y comercialización de alimentos, artículos de limpieza, insumos sanitarios y cualquier otro bien necesario para atender las necesidades más urgentes.

–El abastecimiento de alimentos para todo tipo de comedores debe realizarse con la participación de las organizaciones populares, tomando también parte en la producción de alimentos y artículos sanitarios.

-Asunción por las organizaciones populares del cumplimiento del aislamiento, en especial en los barrios carenciados en los que las deficiencias de las viviendas y la falta de servicios requieren medidas diferentes para cumplir la cuarentena.

-Transferir al Estado, con control de los trabajadores, a las empresas que despidan personal, aumenten sus precios en violación del congelamiento, o acaparen bienes provocando desabastecimiento.

-Nacionalización de los bancos con una concepción de servicio público para la actividad financiera.

-Establecimiento de impuestos extraordinarios sobre las grandes fortunas y sanciones especiales a los que han realizado fuga de capitales u otras maniobras de evasión.

-Suspensión por tiempo indeterminado del pago de la deuda externa y formación de comités de investigación para el rechazo de la deuda ilegítima u “odiosa”.

-Retiro de las fuerzas armadas de las calles, cualquiera sea el motivo de su actuación. Sanciones graves a policías o gendarmes que cometan cualquier acto de abuso.

En las próximas semanas tendremos que tomar parte en una fuerte puja en torno a cómo se instrumente la continuidad de las políticas de salud pública y sobre quiénes se descarguen las consecuencias de la crisis. Asimismo será una pugna por darle a las fuerzas represivas el máximo de control sobre las personas, con la menor fiscalización posible de esas facultades. La receta del gran capital y sus servidores será la misma de siempre: Ajuste sobre los ingresos de los trabajadores y “flexibilización” de sus condiciones de trabajo, exenciones y subsidios a su favor, pago puntual de la deuda, facilidades ampliadas para el negocio financiero, etcétera.

La receta del gran capital y sus servidores será la misma de siempre: Ajuste sobre los ingresos de los trabajadores y “flexibilización” de sus condiciones de trabajo, exenciones y subsidios a su favor, pago puntual de la deuda, facilidades ampliadas para el negocio financiero

Un punto focal para las luchas y los debates en el futuro cercano es qué mundo emergerá cuando se supere la pandemia. Esa vuelta a la “vida normal” nos debe conducir al cuestionamiento radical del estado de cosas aceptado como habitual.  Vivimos en una profunda anormalidad, edificada sobre la base del avance devastador del capital a escala mundial y la paralela expansión del consumismo, el productivismo, la destrucción de los bienes comunes, la superexplotación y precarización de los trabajadores. Esto último se propone como parte de una reorganización ultratecnológica de la producción que sirva como excusa del arrasamiento de los derechos obreros.

Habrá varias líneas de disputa con las clases dominantes y sus aparatos de hegemonía. Para mencionar tres: a) Si la “suspensión” de las rebeliones populares dejará lugar a un nuevo ciclo de vigorosas protestas o continuará el impasse. b) Si las dirigencias políticas logran aparecer como “estadistas” o quedan desprestigiados como gestores de una catástrofe. c) En el consenso genérico en que el mundo post Covid-19 será distinto, si da lugar a un cuestionamiento activo de los daños múltiples y crecientes que el capitalismo le infiere a toda la humanidad o se retomará la acumulación de ganancias sin límites ni reparos.

La decisión sobre esos puntos y muchos otros, se jugará en los tiempos posteriores, inmediatos y no tanto, al final de la pandemia. El escenario de la lucha de clases está abierto para la disputa.

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