Ecuador: ¿la deuda o la vida? La muerte

Andrés Arauz

Foto: DW

Con 20 mil muertos desde el 12 de marzo hasta la tercera semana de mayo, por fuera de los micro-estados, Ecuador es el país del mundo con el mayor número de muertes a causa del coronavirus en proporción a su población (1115 muertos por millón). Únicamente es superado por el micro-estado de San Marino, un enclave en Italia. Este dato es oficial, sobre la base del indicador de “exceso de mortalidad”. Este indicador mide el número de muertes a partir de las actas de defunción del Registro Civil (www.registrocivil.gob.ec) y los compara con los datos reportados en la misma época en años anteriores. En las sociedades de la periferia, que no tienen capacidad, recursos o capacidades organizativas para medir los fenómenos de la pandemia por falta de pruebas, este indicador resulta ser más aproximado a la realidad.

Los videos aficionados que inundaron las redes sociales con cadáveres abandonados en las calles o en sus casas e incluso videos de bodegas de hospitales con docenas bolsas con cadáveres fueron replicados en medios internacionales. Ecuador fue convertido en un mal ejemplo de lo que no había que hacer.

La catástrofe de la pandemia no es mala suerte. Tiene que ver directamente con las políticas implementadas por el gobierno de Moreno que privilegian al capital financiero.

El impacto comenzó con la firma del acuerdo con el FMI en marzo de 2019, que implicó el desmantelamiento de la planificación estatal, los despidos masivos, la corrupción generalizada y, específicamente en el sector salud, como documentó el Instituto de Ciencias Sociales (ISS) de Holanda, el despido de 3680 profesionales en el sector salud (https://issblog.nl/2020/04/09/covid-19-ecuador). El principal grupo de despedidos correspondía a técnicos de prevención de epidemias de enfermedades metaxénicas que trabajaban junto con técnicos cubanos. Los despidos ocurrieron en media epidemia de dengue en el año 2019. El gobierno también había terminado el convenio de cooperación con Cuba y más de 400 médicos y enfermeras cubanos fueron expulsados del Ecuador. 

Para configurar mayorías en el parlamento que le permitan aprobar las leyes comprometidas con el FMI, el gobierno había segmentado su estrategia en dos: por un lado, la aplicación del lawfare (judicialización de la política y politización de la justicia con fines de persecución política) para amenazas a sus opositores; y, por otro, al clientelismo corrupto en el cual a los parlamentarios les eran asignadas cuotas de poder en los hospitales del sistema de salud pública y en el sistema de seguridad social. En particular, los parlamentarios recibían “cupos” en la administración de la contratación pública del sistema de salud.

Cuando el gobierno emitió –luego de retroceder sucesivamente ante la presión económica– las medidas de cuarentena, restringió casi todas las actividades económicas, pero entre las que dejó abiertas fueron las “cadenas de exportación”. Desde una perspectiva biofísica de una economía como la ecuatoriana, la exportación es entregar naturaleza cruda como petróleo, minerales y alimentos a cambio de dólares. En el momento cuando no había que pensar en términos monetarios sino en términos materiales, se privilegió la entrega de energía, minerales y alimentos a poblaciones más ricas de otro lado del mundo. Esto contribuyó a que el Puerto Principal del Ecuador, la ciudad de Guayaquil, sea el principal foco de contagio, enfermedad y muerte.

Mientras se privilegiaban las cadenas de exportación, no se tomaron medidas –en parte por falta de recursos monetarios disponibles– para proveer medios monetarios y medios de vida –bienes alimentarios y sanitarios– a la población más vulnerable. Si verdaderamente se buscaba prevenir el contagio con cuarentenas estrictas, esto debió implicar un esfuerzo magnánimo de proveer dinero y alimentación in situ a 4-5 millones de ecuatorianos. Pero el gobierno decidió ignorar las recomendaciones para conseguir financiamiento interno facilitado por el sobregiro del banco central o mediante acciones contundentes de redistribución, sin requerir reforma legal alguna.

Sin embargo, el haber privilegiado las cadenas de exportación no tenía una contraparte en la realidad monetaria del Ecuador, pues los pocos dólares que entraban al Ecuador salían por la fuga de capitales: en esos mismos días se revelaba que los ecuatorianos habían sacado cantidades récord de dinero al exterior y la gerente del Banco Central anunciaba que las grandes fortunas nacionales sumaban entre 22 mil y 25 mil millones de dólares depositadas en el exterior (entre 20% y 23% del PIB), principalmente en Estados Unidos y en paraísos fiscales. La respuesta del gobierno fue ignorar estos datos, no cerró la cuenta de capitales y se llevó a cabo una fuga de capitales de dimensiones no concordantes con la ausente actividad económica.

En paralelo, el gobierno contribuía a la crisis. No destinó recurso alguno para la emergencia sanitaria –lo que motivó la renuncia-denuncia de la Ministra de Salud– mientras que en paralelo, se dedicó a pagar los bonos de deuda externa en el mes de marzo, a pagar “margin calls” de apuestas especulativas ante bancos de Wall Street en el mes de marzo, y a pre-pagar dichas operaciones especulativas para limitar el daño en el mes de abril. En total, el Estado sacó más de 2% del PIB en divisas de la economía nacional en los meses más críticos de la pandemia.

El gobierno justificó el pago de los bonos con los supuestos nuevos créditos que iban a llegar de los organismos multilaterales: más deuda. En efecto, luego de dos meses, el Fondo Monetario Internacional, la CAF, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo desembolsaron un poco más de 1400 millones de dólares (1,3% del PIB) como financiamiento de emergencia, libre de condicionalidad. Pero esos recursos igualmente hubieran llegado, pues no responden el “comportamiento” del Ecuador, sino a políticas generalizadas por la pandemia.

Sin embargo, a pesar de estar libres de condiciones, el gobierno decidió aprovechar el confinamiento y –consecuente con la doctrina del shock– aplicó un paquete legal de desregulación laboral y ajuste fiscal agresivo. Aprobó una ley que regula las relaciones económicas entre empleadores y trabajadores al “acuerdo entre las partes”. Desreguló el precio de los combustibles –pero preservará el subsidio para los importadores y transportadores del mismo– y anunció la reducción de entre el 13% y 25% de la jornada laboral de la mayoría de los servidores púbicos con la consecuente reducción salarial. En plena aplicación de la doctrina del shock, solamente policías y militares están exentos de esta reducción.

Más recientemente, volvió a acudir a su estrategia política del lawfare para lograr mayorías en el parlamento y en los legislativos de las principales ciudades. Amenazó a sus “leales” a quienes había otorgado el control de hospitales con revelar la corrupción. Instrumentalizó a la Fiscalía para conseguir aprobar varias leyes a gusto del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y para acelerar los cambios de semáforos para retomar la esfera de la circulación del capital.

En el Informe a la Nación del 24 de mayo – fecha en la cual se cumplieron 3 años del gobierno de Moreno– se comprometió a enviar dos leyes adicionales: reformas monetarias y reformas a la ley de empresas públicas; y ofreció entregar activos productivos como parte de los pagos de sus deudas a la seguridad social. Esto debe entenderse como una agresiva desregulación financiera –en medio de una crisis sistémica– y una privatización agresiva del patrimonio social. Ya decidió liquidar ocho empresas públicas, incluyendo a la línea aérea de bandera.

Moreno no es un presidente con respaldo democrático. Los movimientos sociales, aún en medio de la pandemia, retomaron la movilización y la protesta. Desde el 25 de mayo ha comenzado una movilización social que se parecerá a la movilización de octubre de 2019. Mientras que las vías de oposición democrática están cerradas, y conforme Moreno aproveche la pandemia para implementar golpes y shocks de capitalismo del despojo, la protesta social se tornará violenta. Y la respuesta gubernamental, aún más represiva. Ecuador está al borde de una dictadura abierta.

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