El perverso papel del gobierno de Colombia en la crisis regional

Consuelo Ahumada

Fuente: Vanguardia

El pasado 27 de mayo la Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció la llegada al país de una unidad especializada de su Ejército, cuya misión se prolongaría por varios meses. De acuerdo con el Almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, será una oportunidad para ratificar el compromiso de los dos países en la lucha contra el narcotráfico, el apoyo a la paz regional y el respeto a la soberanía.

  Sin embargo, ninguno de estos tres objetivos corresponde a la realidad.  La presencia de las tropas extranjeras busca incrementar el asedio a Venezuela y desestabilizar la región. Se atenta de manera grave en contra de la soberanía nacional, por cuanto Washington, sin el menor recato, se inmiscuye de manera abierta en los asuntos internos de los dos países andinos.

   Debe recordarse que a finales de la década del 80 Colombia se convirtió en el eje de la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos, que se concretó precisamente en el Plan Colombia. A partir del siglo XXI, en la medida en que surgieron y se consolidaron los gobiernos de izquierda en la región, se estrechó todavía más la relación entre los dos países, en especial cuando George Bush ocupó la Casa Blanca (2001-2008) y Álvaro Uribe Vélez gobernó a Colombia (2002-2010).

   Tiempo después, la negociación y firma del Acuerdo Final con las FARC (2013-2016) y la reconciliación con los países vecinos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos provocaron alivio en la región, por cuanto por fin se superaría la “narcotización” de la política internacional de Colombia, para centrarse en cambio en la superación del prolongado conflicto armado. De ahí el amplio respaldo internacional que recibió el acuerdo, incluso del presidente Barack Obama.

  No obstante, desde el año 2018, cuando se produjo el retorno del uribismo al poder con el triunfo electoral de Iván Duque, Colombia retomó la senda anterior. Este cambio coincidió con dos procesos relacionados y contrapuestos. El primero, la llegada de Donald Trump a la presidencia (2017) y el consecuente ascenso y fortalecimiento de la causa de la extrema derecha mundial. El segundo, el declive de los gobiernos alternativos de la región, en especial en Brasil (2015-2016) y Argentina (2015). En este nuevo contexto, el mandatario colombiano ha puesto todo su esmero en convertirse en principal aliado de Washington en el continente.  

   Tan pronto llegó Duque al poder, Trump le ordenó la reanudación de la fumigación aérea de los cultivos de uso ilícito. Debe recordarse que el país empezó a fumigar con glifosato desde 1984, pero estos cultivos se incrementaron año tras año, como lo corroboran diversos estudios nacionales e internacionales. La medida se mantuvo hasta finales de 2015 cuando el gobierno de Santos la suspendió como respuesta a un fallo de la Corte Constitucional que así lo ordenó. En medio de muchas tensiones y presiones, la Corte estableció que no se reanudarían las aspersiones hasta que se garantizara la protección al derecho a la salud y el ambiente, en el marco de dicha actividad. Pero de manera explícita, el gobierno expresó que no puede cumplir con estos requisitos y ha reanudado la fumigación. Esta medida atenta contra el punto 4 del Acuerdo de paz, que privilegia la erradicación manual.

 Pero mientras se persigue a los campesinos cultivadores de coca, la elite gobernante colombiana se debate en múltiples escándalos de corrupción, particularmente por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Tal es el doble estándar que mantiene la Casa Blanca en desarrollo de su estrategia contra el narcotráfico en Colombia.

 ¿Qué busca entonces Estados Unidos con su presencia militar en Colombia? Claramente, se trata de desestabilizar a la República Bolivariana de Venezuela y de propiciar un conflicto en el vecindario. Por su parte, el gobierno de Duque quiere también asestarle un golpe definitivo al Acuerdo de paz, ya de por sí bastante debilitado durante su mandato, y frenar cualquier posibilidad de negociación con el ELN.

   El referente inmediato de la llegada de las tropas estadounidenses a Colombia hay que buscarlo en el tratado suscrito el 30 de octubre de 2009 por el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, que provocó un malestar generalizado en la región. Los gobiernos progresistas predominantes en ese entonces en el sur del continente avanzaban en un proyecto de seguridad propio, la Unión de Defensa Suramericana. Se buscaba precisamente romper con el tutelaje de la OEA y de Washington en esa materia.

  La preocupación de la región no era infundada. El acuerdo autorizaba el uso de 7 bases militares y del territorio colombiano por tropas, naves y aviones militares del Pentágono. Dos semanas antes de su firma, el Consejo de Estado de Colombia se había pronunciado, señalando que este no tenía ningún fundamento en tratados anteriores ni en la Constitución. Señaló que incluía todo tipo de concesiones unilaterales: a los militares y mercenarios y a sus familiares y acompañantes se les otorgaba inmunidad ante delitos o crímenes atroces en territorio colombiano. Un año después, el Acuerdo fue declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional.  No obstante, hay una presencia real de tropas gringas y asesores militares en Colombia.

    En lo que respecta a la estrategia contra Venezuela, reforzada en los últimos dieciocho meses, Colombia ha desempeñado un papel prioritario. Los episodios de agresión, maquinados con el Departamento de Estado, han sido múltiples, pero todos han fracasado. El más grave de ellos fue la incursión militar del pasado 3 de mayo, cuando se produjo un intento de desembarco militar en la costa de la Guaira. 

    En noviembre del año pasado se conoció una conversación privada entre el actual Embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, y la recién designada Canciller de Colombia, Claudia Blum. Como podía esperarse, esta grabación causó conmoción durante unos días, pero finalmente no trascendió, y los dos funcionarios conservaron su cargo público. Los medios se centraron en algunos asuntos de importancia menor, como el carácter ilegal de las grabaciones y las críticas al desorden del Departamento de Estado. 

  Sin embargo, asuntos esenciales quedaron por fuera del escándalo. Francisco Santos le expresa a la Canciller que es necesario desarrollar una agenda estratégica para sacar a Maduro de Venezuela, que él ya armó: “Es comercial, es política, es de ayuda, es militar y yo te paso eso”. Y agrega: “Me toca inventarme cosas para que ellos tengan en la cabeza otra vez a Venezuela”. Señala la necesidad de mantener las acciones encubiertas en este país “para generar miedo y apoyar a la oposición que está muy sola y desgastada”.

  La reciente publicación del libro de John Bolton, ex asesor de seguridad de Trump, viene a ratificar el papel de Colombia en el cerco a Venezuela. Washington quiere asegurarse el control del petróleo venezolano y, para hacerlo, ha contemplado todas las opciones, incluida la militar. Sería “cool” invadir a Venezuela, señala Trump, de acuerdo con el testimonio de Bolton. 

  Pero no podemos dejar de lado tampoco el ataque a Cuba. En su estilo imperial, el pasado 13 de mayo el Departamento de Estado la incluyó en su lista de países que apoyan el terrorismo. El motivo que adujo para hacerlo fue no haber atendido la solicitud del gobierno colombiano para que extraditara a los dirigentes del ELN integrantes de la delegación de paz, con motivo del repudiable atentado de este grupo en la Escuela de Cadetes de Bogotá.

 Con esta medida, incitada por la administración de Duque, Trump desconoció los protocolos suscritos por el Estado colombiano, la guerrilla y los países garantes, Cuba y Noruega, para el caso de que se diera una ruptura de la negociación. En otro acto vergonzoso, el Comisionado de Paz de Colombia celebró el “espaldarazo” recibido de la Casa Blanca, cerrándose así cualquier posibilidad de salida negociada al conflicto armado con el ELN.

 El Presidente Duque viene trabajando en esa línea frente a Cuba y Venezuela, en consonancia con Washington y contando con la OEA de Almagro, como lo muestran los eventos de las últimas semanas. Entretanto, las tropas gringas están ahí. El conflicto regional que se pretende azuzar representa un peligro real.

Consuelo Ahumada: Colombia, GT Geopolítica, integración regional y sistema mundial y GT Estado, desarrollo y desigualdades territoriales, Profesora de la Universidad Externado de Colombia. Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas ACCE y Vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Economía Crítica (ACECRI).