La Deuda Pública de la Argentina es Nuevamente Noticia

Julio C. Gambina

Fuente: Alainet

A fines del 2001 se produjo en la Argentina el mayor default de deuda soberana por unos 100.000 millones de dólares, que expresaban dos tercios de la deuda total. El otro tercio correspondía en buena parte a deuda con Organismos Internacionales, con quienes nunca se estuvo en cesación de pagos. Incluso en 2006, el FMI percibió por anticipado los vencimientos de deuda por unos 9.500 millones de dólares, con lo que se pretendió alejar al Fondo de la supervisión del funcionamiento de la economía local. El default del 2001 afectó principalmente a tenedores privados de la deuda pública, una parte importante de ellos radicados en el país, incluso y muy especialmente fueron afectados los fondos de la seguridad social, invertidos en títulos de la deuda pública.
El tratamiento de esa situación de cesación de pagos fue complejo y condicionó la política económica por casi 20 años, con fuerte y regresivo impacto socioeconómico en términos de desigualdad y empobrecimiento de la población. La consideración del problema supuso reestructuraciones de la deuda en cesación de pagos en 2005, 2010 y 2016, y aún en la actualidad se registra un remanente de más de 2.400 millones de dólares pendiente de reestructuración.

A fines del 2001 se produjo en la Argentina el mayor default de deuda soberana por unos 100.000 millones de dólares, que expresaban dos tercios de la deuda total.


En rigor, desde diciembre de 1983, fecha de recuperación de los gobiernos constitucionales, luego de la dictadura genocida de 1976, todos los turnos presidenciales realizaron sus “definitivas” reestructuraciones de deudas, lo que nos permite afirmar que el endeudamiento público resulta un importante condicionante estructural de la economía local.
Desde esas restructuraciones del default del 2001 hubo variadas cancelaciones de intereses y capital de la deuda pública, y nuevas rondas de préstamos, especialmente en el ciclo del gobierno de Mauricio Macri. El resultado es una deuda acumulada a fines del 2019 por 323.000 millones de dólares, un 90% del PBI según las fuentes oficiales. En el informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, de mayo del 2020, del Banco Central de la República Argentina se lee que:
“Durante la fase de ingreso de capitales comprendida entre diciembre de 2015 y principios de 2018, aproximadamente 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos. El ingreso de divisas por deuda pública, privada e inversiones especulativas de portafolio sumó USD 100.000 millones en el período. En 2018, a partir del cierre de los mercados voluntarios de crédito, se inició una fuerte reversión en los flujos de capitales, ante lo cual las autoridades decidieron recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), que desembolsó un préstamo record de USD 44.500 millones.”
Continúa señalando el informe que:
“A lo largo de todo el período, la formación de activos externos (FAE) de los residentes, (coloquialmente llamada “fuga de capitales”) se triplicó, superando los USD 86.000 millones. Aún durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la FAE alcanzó los USD 45.100 millones.”

el endeudamiento elevado del último periodo favoreció el proceso de salida o “fuga” de capitales, vía cancelación de deuda, remesas de utilidades al exterior, o constitución de activos en el exterior


Resulta evidente que el endeudamiento elevado del último periodo favoreció el proceso de salida o “fuga” de capitales, vía cancelación de deuda, remesas de utilidades al exterior, o constitución de activos en el exterior. Por ende, en nada favorecieron procesos de mejora de la vida de la población ni constituyeron condición de posibilidad para un desarrollo de la actividad productiva, ni mejora del empleo o la actividad económica local, por lo que puede considerarse “deuda odiosa”, más allá de señalamientos de ilegalidad o ilegitimidad de la deuda.
Un dato sobresaliente deviene del apoyo del FMI a la gestión Macri, más por razones políticas de acompañamiento de la política exterior estadounidense para la región, especialmente en el alineamiento contra Venezuela y Cuba, que motivado en razones económicas. El debate al interior del FMI para otorgar el préstamo por 57.000 millones de dólares (solo se desembolsaron 45.100 millones) se resolvió desde la capacidad de hegemonía del gobierno de EEUU en el Directorio del Organismo, más que por la lógica económica y financiera del funcionamiento de la economía argentina en el marco de una situación de desaceleración de la economía mundial.
Los desembolsos del FMI evitaron transitoriamente un nuevo default de la Argentina. Sin embargo, en el último tramo de la gestión Macri, el país inició el “re-perfilamiento” de su deuda, un eufemismo que expresó la postergación de vencimientos impagos de la deuda pública.

Argentina en default

Para agosto del 2019, las autoridades explicaban la situación como “estrés de liquidez”, anticipando la incapacidad de cumplir con los vencimientos del endeudamiento público, situación que se mantuvo en el tiempo con el cambio del gobierno a fines del 2019. Pese a ello, los compromisos con el FMI y otros organismos internacionales fueron atendidos en tiempo y forma. Es por ello, que no sorprende el apoyo del FMI a la negociación argentina en curso con acreedores privados de la deuda. El Fondo pretende descargar el costo de la reestructuración de la deuda argentina sobre los tenedores privados, sin resignar sus posiciones, aun cuando otorgue nuevos plazos a los vencimientos en el futuro.
Bajo el nuevo gobierno, en diciembre 2019, se autorizaron por ley de “solidaridad” destinar 4.571 millones de dólares de las reservas internacionales que solo podrán “…aplicarse al pago de obligaciones de deuda denominadas en moneda extranjera”, mientras se negocia con los Fondos Financieros una deuda estimada en 66.500 millones de dólares de capital y unos intereses que llegan al año 2117 a unos 61.000 millones dólares. La previsión gubernamental era cerrar esa negociación a fines de marzo, con un ahorro estimado de 41.500 millones de dólares, especialmente por reducción sustancial de intereses, una merma del saldo de capital y, sobre todo, un plazo de gracia que involucraba a todo el periodo de gobierno. La expectativa actual de un acuerdo para agosto del 2020, reduce la estimación sustancialmente, ya que la propuesta original suponía un valor de descuento presente al 39% promedio de los títulos, que ronda actualmente en torno al 55% de valor presente, tras tres adecuaciones favorable a los acreedores externos de la oferta de renegociación.

La crisis económica mundial que se arrastra desde hace tiempo, por lo menos desde el 2007/09, incluso la gran crisis en EEUU del 2001, se agudiza en tiempos de COVID19 y habilita un debate civilizatorio


El mundo observa con atención la negociación de la Argentina, por lo peligroso en que se constituyó el elevado endeudamiento público en la mayoría de los países del sistema mundial, afectados por una recesión agravada en tiempos de coronavirus. Pero también es tiempo de discusión del orden mundial y la función de los organismos financieros mundiales. El FMI pretende validar su papel en este tiempo de crisis, sin asumir su responsabilidad como parte de la causa de los problemas actuales, aun antes del COVID19. Sus viejas y nuevas recetas contribuyeron y contribuyen a sustentar una realidad insoportable para millones de personas empobrecidas. La deuda argentina compromete recursos fiscales y reservas internacionales por deudas asumidas, entre otros, con el FMI, que, en contra de sus propósitos y estatutos, favoreció el ingreso de créditos para la fuga de capitales.
El informe del BCRA mencionado es la base para una investigación a fondo sobre responsabilidades del sector privado y funcionarios públicos en la estafa de la deuda pública. El país negocia el 20% de su deuda con Fondos Financieros especulativos que presionan por dejar de perder cuantiosas ganancias, las que fueron favorecidas por inescrupulosos funcionarios públicos. Estos aseguraron inversiones especulativas altamente rentables en tiempos de bajas tasas en el mercado financiero y de capitales de todo el mundo. El delito está en el FMI, los prestamistas o inversores especulativos y los funcionarios venales de la Argentina. Por eso se sostiene la necesaria investigación de la deuda, mientras se suspenden los pagos.
Desde el movimiento social se apunta a un debate que pueda superar el chantaje de los acreedores financieros, los Fondos Financieros y el FMI. Esa es la razón para impulsar una campaña popular por la suspensión de los pagos de la deuda, y llevar a fondo la investigación, con la base de lo realizado por el BCRA y los primeros debates gestados por la Comisión bicameral en el Parlamento, para el seguimiento de la deuda.
Resulta de interés considerar que se instaló un debate por establecer un impuesto a la riqueza, que recaería sobre unos 12.000 contribuyentes, el 0,03% del total de la población argentina. La probable recaudación no alcanzaría a los 4.000 millones de dólares, mientras que una cifra similar es lo que la Argentina destinó a cancelar deuda mientras negocia con los acreedores, todo en periodo de emergencia por la pandemia del coronavirus y una recesión que agrava la tendencia de arrastre. Lo grave es la voluntad mayoritaria de pago, que más allá de las negociaciones en curso, suponen un compromiso financiero que impone el ajuste perpetuo. En efecto, durante el primer trimestre del 2020 según informes oficiales de la Balanza de Pagos (INDEC), se cancelaron 3.279 millones de dólares en concepto de intereses. En el mismo informe se detallan pagos por remesas de utilidades al exterior por 370 millones de dólares. Algunas consideraciones hay que hacer al respecto. La primera tiene que ver con la resignación de 3.640 millones de dólares que podrían haber tenido uso alternativo, claro que para que eso fuera posible, previamente debió suspenderse el pago de la deuda y claro, auditarla con participación popular como demanda la campaña en ese sentido. Al mismo tiempo se debía establecer la imposibilidad de transferir utilidades al exterior en el marco de la emergencia sanitaria y social derivada de la prolongada recesión de la economía local.

¿Puede transitarse otro rumbo?

La confirmación del default es aún una posibilidad, si es que opera el rechazo de los Fondos de Inversión a la oferta argentina. Ello pondría en cuestión la dilapidación de cuantiosos recursos destinados a cancelar deuda en este tiempo, tanto como a legitimar el inaceptable acuerdo de la Argentina con el FMI. El interrogante difundido remite a considerar el impacto socio económico de un default unilateral del gobierno argentino. Por un lado, existe una moción difundida a favor de la condonación de la deuda de los países en dificultades, comentada en los propios organismos internacionales, pero, por otro lado, se necesita discutir la unilateral decisión por la suspensión de pagos, la que debe ir acompañada sobre la discusión del orden económico. Es más, recientemente, Alberto Fernández (AF) señaló al periódico especializado Financial Times, a propósito del debate actual sobre el endeudamiento y la renegociación de la deuda, que hay necesidad de “repensar el capitalismo”.
En el imaginario del presidente de la Argentina es posible reformar al capitalismo, del modo que aconteció luego de la crisis del 30 del siglo pasado, por lo que alude al fordismo y al keynesianismo, promotores de un tiempo de “Estado benefactor”. Una situación que solo fue posible por la existencia de la amenaza comunista luego de la revolución rusa y más aún con la conformación de la URSS y especialmente luego de 1945 con el sistema bipolar instalado en el mundo. No está solo el presidente argentino en ese razonamiento, al que acompañan discursos de personalidades que tienen en el Papa Francisco una referencia, o en los premios Nobel de Economía, caso de Joseph Stiglitz o Paul Krugman. Estos discursos pregonan un retorno al capitalismo preexistente a la reestructuración conservadora que suponen las políticas neoliberales, esas que se ensayaron en Sudamérica bajo el terrorismo de Estado en los setenta y que generalizaron Thatcher y Reagan desde Inglaterra y EEUU en los 80 del siglo pasado, más aún con la caída del Este europeo y la desarticulación de la URSS.
La crisis económica mundial que se arrastra desde hace tiempo, por lo menos desde el 2007/09, incluso la gran crisis en EEUU del 2001, se agudiza en tiempos de COVID19 y habilita un debate civilizatorio, con dos rumbos privilegiados. Uno, de carácter hegemónico, pregona la liberalización con una enorme intervención estatal en la emisión de moneda y de deuda pública para sostener el nivel de actividad del gran capital concentrado. Es notorio en ese sentido el papel de la banca central de los principales países del capitalismo mundial, más allá de cualquier modalidad de guerra contemporánea, comercial, monetaria o variantes que exacerba el incremento del gasto militar en el marco de la hegemonía del capitalismo global. Otro, en el mencionado sentido de la “ilusión progresista”, que se manifiesta en apelaciones a “condonaciones” de la deuda, o a contribuciones voluntarias de los sectores más enriquecidos; a la apelación a políticas fiscales progresivas y de distribución del ingreso, incluso a nuevos pactos, caso del “New Green Deal” sustentado en un cambio de paradigma energético, pero siempre bajo dominación de las transnacionales de la energía.
Un tercer camino, a contramano del debate antes mencionado, supone pensar y actuar alternativamente en la construcción de propuestas en contra y más allá del orden capitalista. Es un rumbo que privilegia reivindicaciones democráticas y de cambio estructural. Entre ellas se destaca la demanda por un ingreso universal equivalente a la satisfacción de necesidades de toda la población, habilitando un debate sobre el financiamiento correspondiente. Pero más allá de esa y otras reivindicaciones, el rumbo impone reformas estructurales en las relaciones sociales de producción, en especial reduciendo la jornada laboral sin afectar ingresos de la población trabajadora. Es una propuesta que afecta los ingresos de la minoría propietaria y por ende empuja confrontaciones sociales que trascienden el debate teórico y se proyectan al plano de la política. Es un rumbo que implica cambios en las relaciones de propiedad y en la gestión de la producción y las políticas públicas para sustentar otro modelo productivo y de desarrollo, basado en la autogestión y la más amplia participación social.
No se trata solo de discutir solo la deuda pública, sino de pensar más allá y en contra de la lógica del régimen del capital, en tiempos de profunda y extendida recesión, agravada por la pandemia del coronavirus.

*Nota recogida en el Observatorio Social Pensar la Pandemia de CLACSO.
** Argentina, GT Crisis y Economía Mundial, Universidad Nacional de Rosario, Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA y Presidente de la FISyP.