Recrudecimiento De La Guerra y Disputas Por La Verdad Histórica En Colombia

Carolina Jiménez Martín*

Foto: IzquierdaWeb

Dos acontecimientos, antagónicos en su significado social y político, han orientado el debate colombiano en las primeras semanas de agosto. Por una parte, se registra un recrudecimiento de la guerra que se expresa dramáticamente en las recientes masacres de las últimas semanas de agosto que cobraron la vida de 21 jóvenes en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Samaniego (Nariño) y Cali (Valle del Cauca). Y por la otra, en la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro del proceso abierto por manipulación de testigos.
El primer suceso es resultado de un escalamiento de la violencia a través del cual se pretende contener militarmente la conflictividad social; y, el segundo, expresa ganancias parciales, no por eso menos importantes, en la búsqueda de justicia y la verdad histórica sobre el desarrollo de la guerra en Colombia.

Recrudecimiento de la guerra

El Acuerdo Final de Paz (AFP) firmado entre el Estado colombiano y la otrora insurgencia de las FARC-EP tiene entre sus propósitos fundamentales poner fin de manera definitiva al conflicto interno armado. De ahí, que estableció un conjunto de normas y programas de política pública que ayudarían a resolver las causas que dieron origen y dinamizaron la guerra.
Entre los elementos referidos al fin de conflicto se estableció un acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra organizaciones criminales (numeral 3.4 del AFP). Este acuerdo generaría las condiciones materiales y judiciales para combatir estructuras paramilitares y mafiosas y de este modo garantizar la vida de los liderazgos sociales y la desmilitarización de sus territorios.

surtidos casi 4 años de la firma del AFP (2016-2020) el balance es desalentador. Asistimos a un recrudecimiento de la guerra que se expresa en el asesinato de más de 600 lideres y lideresas sociales y de 230 excombatientes de FARC-EP


Sin embargo, surtidos casi 4 años de la firma del AFP (2016-2020) el balance es desalentador. Asistimos a un recrudecimiento de la guerra que se expresa en el asesinato de más de 600 lideres y lideresas sociales y de 230 excombatientes de FARC-EP en condición de reincorporación. La profundización de la crisis humanitaria en regiones como el Pacífico y el Catatumbo que ha generado el desplazamiento forzado de miles de familias campesinas. La ejecución de 40 masacres en lo corrido del 2020; así como el aumento de amenazas y actos de violencia contra poblaciones comprometidas con el proceso de construcción de paz.
Los hechos más dramáticos los hemos vivido recientemente en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Valle y Nariño en donde se han ejecutado seis dolorosas y repudiables masacres que han cobrado la vida de decenas de niños, jóvenes y liderazgos sociales: 1. El 29 de abril en Mercaderes (Cauca) fue asesinado un líder social junto con su esposa, hijo y nieta. 2. El 19 de julio en Tibú (Norte de Santander) fueron asesinados siete campesinos, entre ellos dos dirigentes de la organización ASCAMCAT. 3. El 11 de agosto en Cali (Valle del Cauca) fueron asesinados cinco jóvenes (14 y 16 años de edad) victimas del conflicto armado. 4. El 15 de agosto en Samaniego (Nariño) fueron asesinados ocho estudiantes universitarios. 5. El 17 de agosto en Ricaurte (Nariño) fueron asesinados tres niños de la comunidad indígena Awa. 6. El 22 de agosto en Tumaco (Nariño) fueron asesinados seis jóvenes.
Estas masacres se han desarrollado en territorios que se encuentran bajo el control de grupos mafiosos y paramilitares. Son territorios con un carácter estratégico debido a su configuración espacial, presencia de economías ilegales y un importante acumulado de luchas populares. De ahí que deban ser “neutralizados” y ordenados bajo los vectores de la guerra.
El significado social y político del recrudecimiento de la guerra es claro: la pretensión de acallar la fuerza social que lucha por la construcción de la paz y el reforzamiento de un disciplinamiento militar de la vida de las comunidades y los territorios estratégicos para los grupos económicos mafiosos.


Disputas por la justicia y la verdad histórica

El pasado tres de agosto la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en un proceso que adelanta por presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La importancia de esta decisión judicial radica, entre otras cosas, en que involucra los testimonios de un ex paramilitar, Juan Guillermo Monsalve, quien acusa al expresidente Uribe y a su hermano Santiago de conformar grupos paramilitares responsables de múltiples masacres contra comunidades en los departamentos de Antioquia y Córdoba.
Entonces, aunque la detención preventiva no refiera de manera directa a la responsabilidad de Álvaro Uribe en la ejecución de crímenes de lesa humanidad, si ha permitido posicionar en la discusión nacional la existencia de vínculos entre una fracción del bloque en el poder, representada por el uribismo, con estructuras armadas responsables de los hechos más atroces de la guerra en Colombia. De ahí el significado político de la decisión de la CSJ.
La trascendencia de lo señalado permite entender las posiciones reaccionarias y de ataques a la Corte, así como las propuestas de reforma a la justicia y de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, por parte de diversos representantes del partido político Centro Democrático, entre ellos el mismo presidente Iván Duque.
El significado social y político de este hecho es claro: Es la posibilidad de que la sociedad colombiana conozca, vía decisiones judiciales, el vínculo que ha existido históricamente entre la clase política y económica con las estructuras paramilitares. Esto es que se diluciden las dinámicas bajo las cuales opera y se reproduce el carácter contrainsurgente de una fracción importante del bloque en el poder.

Tenemos entonces un escenario doloroso, pero a su vez con posibilidades importantes frente a la disputa por la verdad y la justicia.

Interregno entre la paz y la guerra

El carácter antagónico de los acontecimientos descritos se inscribe, en todo caso, en la unidad sistémica y contradictoria de un régimen político autoritario que es combatido por las luchas de los sectores subalternos que propugnan por una ampliación democrática.
Este antagonismo, se inscribe en el escenario actual, en lo que Jairo Estrada denomina el interregno entre la guerra y la paz, esto es:
Producir —exacerbar— la guerra significa reabrir a plenitud la posibilidad de darle un tratamiento militar (o de acuerdo con la lógica militar) a la conflictividad social y de clase que le es inherente al orden social existente; es pretender ponerle una impronta al proceso político general que aún se encuentra indefinido, pues vivimos en ese interregno que hay entre una guerra que no termina de morir y una paz que no termina de nacer. Los sectores más extremistas de las clases dominantes saben que ese es su escenario más propicio; es el que les ha permitido sustentar el proceso de acumulación en el despojo, y el régimen político en el disciplinamiento social que genera el ejercicio estructural de la violencia (Jairo Estrada [2020], “Elementos para el análisis de la coyuntura a dos años del gobierno de Iván Duque”. Revista Izquierda, no 88. Ediciones espacio crítico. https://revistaizquerda.com).
Tenemos entonces un escenario doloroso, pero a su vez con posibilidades importantes frente a la disputa por la verdad y la justicia. Este contexto, reclama con fuerza, la vitalidad y capacidad de un movimiento popular que, aunque golpeado, tiene en su haber unos aprendizajes y acumulados de sus luchas históricas por la paz y el derecho a una vida digna.

*Colombia, GT Crisis y Economía Mundial, Profesora del departamento de ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro de la Junta Directiva de la SEPLA.