Perú, los Ríos Profundos de su Crisis*

Aníbal García Fernández**

La reacción en las manifestaciones tras la renuncia del presidente interino Manuel Merino (REUTERS/Sebastian Castaneda)
Imagen: infobae

Al tiempo en que el gobierno golpista boliviano salía tras un aplastante triunfo electoral-popular y tras el sí al plebiscito constituyente en Chile, en Perú se fraguó un golpe de Estado contra el presidente Martín Vizcarra. Golpe que ha dejado dos muertos y marchas que profundizan la larga crisis política peruana.
Hay que considerar algunos aspectos políticos del Perú contemporáneo, pues se enfrenta a un largo periodo de crisis institucional, de una crisis del sistema de partidos que se suma a la crisis sanitaria y económica. La crisis de ahora, como la de los últimos treinta años tiene a los escándalos de corrupción como el motivo de la moción de vacancia y encarcelamiento de presidentes. Como varios analistas apuntan, el fujimorismo, y la constitución creada en 1993, post autogolpe, son clave para entender los ríos profundos por los que navega la crisis peruana. Desde 1992 en adelante, Perú ha transitado de presidente en presidente, con acusaciones de corrupción, vinculados a la mega causa Odebrecht-Lava Jato y también a desfalcos en las provincias, disoluciones del congreso, encarcelamiento de expresidentes y una amplia lucha popular de diversos sectores, en contra del congreso, presidentes y las instituciones de justicia.

Los acuerdos políticos entre la clase política peruana, conducidos por intereses económicos y la protección política por actos de corrupción, en tiempos preelectorales, podrían explicar por qué se amplió el voto para la vacancia.


Desde 1990 Perú ha vivido un autogolpe de Estado (1992), los Vladivideos (videos caseros de corrupción filmados por Vladimiro Montesinos en la década de los noventa), la renuncia desde Japón de Fujimori (2001), un gobierno de transición con Valentín Paniagua (2000-2001) y la detención de Fujimori (2005). Desde el 2001 a la fecha, han pasado cinco presidentes, todos acusados de corrupción. Han abierto procesos judiciales y encarcelado a Alejandro Toledo (2001-2006, preso en EE.UU.). A Álan García (2006-2011) se le abrió proceso judicial por corrupción ligado a Odebrecht (cometió suicidio en abril de 2019 sin pisar la cárcel). Ollanta Humala (2011-2016) ha sido encarcelado en 2017 y vinculado al caso Lava Jato. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) renunció por los Kenjivideos (videos de Kenji Fujimori, hijo de Alberto), en donde se le vinculó a corrupción por el caso Lava Jato. En 2019 la justicia peruana ordenó 39 meses de prisión preventiva y cumple arresto domiciliario. Por último, Martín Alberto Vizcarra (2018-2020) a quien el congreso impuso una segunda moción para declarar “la permanente incapacidad moral”, debido a pagos ilícitos que habrían recibido sus empresas constructoras en la provincia de Moqueagua.

Vacancia contra Vizacarra

La primera moción contra Vizcarra fue en 2019 y en septiembre del mismo año, Vizcarra disolvió el congreso, medida que contó con amplia aprobación popular (84% de aprobación), según la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos.
Sin embargo, en la segunda vacancia se logró destituir a Vizcarra. El 2 de noviembre la moción de vacancia pasó en el congreso con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. El 10 de noviembre, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, el pleno del congreso destituyó al presidente por “permanente incapacidad moral”, basándose en las denuncias por supuestos hechos de corrupción durante su gestión en la provincia de Moqueagua entre 2011 y 2014.
¿Qué sucedió entre los partidos políticos para que en ocho días se pasaran de los 60 votos a los 105 votos a favor? Los acuerdos políticos entre la clase política peruana, conducidos por intereses económicos y la protección política por actos de corrupción, en tiempos preelectorales, podrían explicar por qué se amplió el voto para la vacancia.
Las bancadas de Alianza para el Progreso y Acción Popular otorgaron veinte y dieciocho votos respectivamente. Se sumaron los catorce votos del evangélico Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), los quince de Fuerza Popular, partido fujimorista, doce votos del partido Unión Perú (partido al que pertenece Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta) y seis votos más del Frente Amplio, partido izquierdista. Esta composición en el congreso, que fue renovado apenas en 2019, deja claro que la recomposición de las fuerzas políticas es amplia, que la mayoría son de derecha y centro-derecha, con la mínima presencia del Frente Amplio y muestra la debilidad política de Vizcarra, político sin partido, ni alianza, con cierta popularidad por su lucha contra la corrupción, popularidad que cayó con las acusaciones.
La propuesta para ocupar el cargo temporalmente fue del empresario agrícola Manuel Merino del partido Acción Popular. Tras amplias protestas populares, dos muertos a manos de la policía y violenta represión, Merino dejó el cargo sin apoyo popular, ni de su partido y, sobre todo, con el descontento de las Fuerzas Armadas, que miran al cuarto presidente pasar en tres años.

La democracia postfujimorista es un proyecto que ha dejado pobreza, inestabilidad para el conjunto de la ciudadanía, un sistema de partidos débil, con políticos que anteponen sus intereses y de ahí la incapacidad de constituirse como referentes de cambio.


Tras la salida de Merino y con 97 votos a favor y 27 en contra, Francisco Sagasti (ex funcionario del Banco Mundial y con vínculos viejos con la golpista National Endowment for Democracy) del Partido Morado, logró la mayoría en el Congreso para ocupar el cargo de presidente hasta las elecciones de abril de 2021. La coalición partidaria que lo acompaña es amplia. En la Vicepresidencia está Mirtha Vásquez del Frente Amplio, Luis Roel, de Acción Popular y Matilde Fernández de Somos Perú. Quedan en oposición política Fuerza Popular y Unión por el Perú.
Si algo deja de experiencia esta última década en el congreso peruano, es que las coaliciones son débiles, las alianzas frágiles y las caídas rápidas. Todo ello, acelera los tiempos políticos en la carrera presidencial en el que las candidaturas internas de los partidos ya comenzaron desde el 29 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Destacan figuras políticas como George Forsyth, ex futobilista y empresario, Julio Guzmán economista y político del Partido Morado, Keiko Fujimori de Acción Popular, hija del expresidente Alberto, y Verónika Mendoza del Frente Amplio.

La democracia postfujimorista

El trasfondo de la larga crisis política peruana que, dicho sea de paso, se acompaña de un modelo económico que tiene al 70% de su población en la informalidad, con altas tasas de exclusión social y sin acceso a servicios de salud, está en el modelo construido desde 1992. Dicho modelo incluye el neoliberalismo a la peruana (https://cutt.ly/EhgVdb6), un conflicto armado, una constitución nacida del fujimorato y una clase política en descomposición crónica, lo mismo que el sistema de partidos y el poder judicial.
La democracia postfujimorista es un proyecto que ha dejado pobreza, inestabilidad para el conjunto de la ciudadanía, un sistema de partidos débil, con políticos que anteponen sus intereses y de ahí la incapacidad de constituirse como referentes de cambio.
En este sentido, se esgrimen varios escenarios a futuro. Uno es la continuidad de las debilidades institucionales que ha permitido la acumulación de capital y despojo de las últimas tres décadas, debilidad que se agrava en el contexto actual de pandemia y crisis económica del capitalismo.
El otro escenario es la posibilidad de cambio por la vía electoral. El Frente Amplio está ante una posibilidad histórica de canalizar el descontento social y promover “la segunda urna”, como ya ha mencionado Verónika Mendoza, para votar por una Asamblea Constituyente que permita modificar de fondo el rumbo del país. O ganar las elecciones y promover la constituyente. En este sentido, el referente chileno es clave, pues ambos, guardando distancias, tienen constituciones nacidas de regímenes autoritarios.
Esta posibilidad de cambio sólo será posible si las fuerzas populares logran también coincidir en un proyecto político. La llamada “generación del bicentenario” (constituida por jóvenes), ya ha demostrado que la calle, la protesta y la organización, son los espacios políticos por excelencia para presionar por un modelo de Estado diferente. Es ahí donde florece, amarillito, flor de retama

* In memoriam a Ricardo Melgar Bao
** México, GT Crisis y economía mundial y GT Antiimperialismo: perspectivas transnacionales en el sur global, estudiante de doctorado del Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.