El Gobierno Colombiano: Aporofobia y Misoginia

Otra masacre en Antioquia, Colombia, en medio de protestas que piden  acciones al Gobierno Duque
Fuente: France24

Consuelo Ahumada*

El gobierno de Iván Duque sigue generando todo tipo de controversias, que se suman a las resultantes de su política errática y sumisa en el ámbito internacional, su desconocimiento del Acuerdo Final con las antiguas FARC y el asesinato sistemático de líderes/as sociales y excombatientes.
En los inicios del mes de marzo, en poco menos de dos semanas, se produjeron dos graves episodios de violación de derechos humanos y desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario y del derecho internacional y nacional.

El bombardeo del Ejército a un campamento guerrillero

Danna Lizeth Montilla fue la primera identificada de las víctimas del bombardeo del Ejército a un campamento guerrillero en la vereda Buenos Aires, Calamar, Guaviare, el 3 de marzo. Según datos documentados y denunciados por organizaciones de derechos humanos y por medios independientes, un número indeterminado de menores habría muerto en este operativo.
Los niños y niñas que allí perecieron eran “máquinas de guerra”, señaló el Ministro de Defensa, después de que se produjo la denuncia. Con ello pretendió justificar la orden de bombardear que se dio desde el Gobierno Nacional, a sabiendas de que había allí menores reclutados.

La crisis económica y la pandemia agravaron las dificultades e incrementaron las amenazas, la explotación y el reclutamiento por parte de grupos armados dedicados a economías ilegales, para los Niños, Niñas y Adolescentes


Es una explicación acorde con la que dio un Ministro de Defensa anterior cuando se conoció otro bombardeo en zona rural del departamento del Caquetá, en agosto 2019, que dejó 8 niños y niñas muertos. En una denuncia en el Congreso que se produjo en esa ocasión, se supo también que el Ejército remató a algunos niños y niñas que quedaron vivos después del bombardeo, mientras huían del mismo.
El Guaviare, puerta de entrada a la Amazonia colombiana, es una región de ganaderos dedicados a expandir su actividad a punta de deforestar la selva y de otros negocios ilícitos que desarrollan en connivencia con el Estado. Los dirigentes políticos de la región están comprometidos a fondo con el proyecto de extrema derecha del actual mandatario. Junto con el departamento del Meta, es una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Es también el territorio donde opera Gentil Duarte, el más importante disidente de las antiguas FARC.
Danna Lizeth era una adolescente de 16 años, estudiante de décimo grado de secundaria y oriunda de una vereda cercana a donde fue el bombardeo. Al parecer fue reclutada cuando se desplazaba entre las viviendas apartadas de sus familiares, buscando una mejor conexión de internet para proseguir sus estudios.
En efecto, los últimos chats encontrados en su teléfono celular evidencian su deseo de hacerlo. En una conversación con un profesor, le pide su ayuda para matricularse en un colegio de San José del Guaviare, capital departamental, mientras atendía clases vía whatsapp, tal como venía haciéndolo durante toda la pandemia. Poco tiempo después, el profesor la reportó ante las autoridades como posible víctima de reclutamiento.
En una región tan desprotegida y peligrosa, la presencia social del Estado, su oferta de educación y de servicios básicos, es mínima. La crisis económica y la pandemia agravaron las dificultades e incrementaron las amenazas, la explotación y el reclutamiento por parte de grupos armados dedicados a economías ilegales, para los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).
Desde 2017 la Defensoría del Pueblo ha emitido 156 alertas tempranas advirtiendo sobre el riesgo de reclutamiento forzado por parte de actores armados y de organizaciones criminales. En 2020 alertó sobre la situación en 14 municipios de Guaviare y Meta. Pero el gobierno no hizo nada al respecto. Según datos regionales, entre 1985 y 2020, los NNA víctimas del conflicto armado en el Guaviare fueron 25.531 y en el Meta 70.470.
En las veredas el riesgo de reclutamiento asecha a diario, tal como lo relató el papá de Danna Lizeth para un medio local: “Es algo que se ha vuelto común, pero nunca pensé que le fuera a suceder a mi hija”. Le perdió la pista en diciembre pasado y tuvo que reclamar su cadáver desmembrado en Medicina Legal de Villavicencio después del bombardeo.
Yeimi Sofía Vega tenía 15 años y desde hacía dos había salido de la vereda Puerto Cachicamo de San José del Guaviare, donde vivía con su mamá y sus hermanos. Según se supo, “La mamá estaba durmiendo y la niña se le escapó. Después la llamó y le dijo que se iba a buscar nuevas oportunidades para ser alguien en la vida”. Cursó hasta tercero de primaria, el último grado de estudio allí disponible. Luz Amparo, su mamá, también encontró su cadáver en Medicina Legal de Villavicencio después del bombardeo.
Ni Danna Lizeth ni Yeimi Sofía pudieron llegar a ser “alguien en la vida”. Tuvieron mínimas oportunidades, al igual que la mayor parte de las niñas en esta y otras regiones olvidadas: trabajar en una finca, ser reclutadas por grupos armados o conseguir marido.
Por ello, la respuesta del ministro es desalmada y cínica. Según múltiples tratados internacionales, los NNA son sujetos de especial protección frente a su reclutamiento y utilización ilegal en la guerra por cuenta de los actores armados, desde un enfoque de protección integral.
El Estado debe brindar las garantías para prevenir el reclutamiento. Pero en cambio los bombardea. Como señaló Jim McGovern, influyente representante demócrata de EEUU y defensor de la paz en Colombia: “Los niños son niños. Cuando son expuestos al conflicto armado […] no lo hacen porque quieren sino porque los obligan”.

Las víctimas no cuentan y mucho menos si son mujeres o niños y niñas pobres y de regiones históricamente marginadas.

El caso Yineth Bedoya versus el Estado

Cuando todavía persistía la indignación frente al bombardeo y la respuesta del gobierno, se presentó otra infamia que vino a ahondar la herida. El lunes 15 de marzo fue convocada la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para el caso de Jineth Bedoya. En un hecho insólito, el representante del gobierno colombiano, Camilo Gómez, al frente de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, recusó a seis de los siete jueces por supuesta falta de imparcialidad y prejuzgamiento. Se retiró de la audiencia y pidió su cancelación.
Los hechos que provocaron la audiencia son bien conocidos, no solo en Colombia sino en el mundo entero. En mayo del 2000, como periodista del periódico El Espectador, Jineth investigaba las actividades delincuenciales de distintas organizaciones, incluidos los paramilitares, en alianza con miembros de la Policía, en la cárcel Modelo de Bogotá. Por ello la periodista recibía constantes amenazas contra su vida y la de su mamá.
En medio de esta situación, fue convocada a la sede de la cárcel para una entrevista, pero se trató de una trampa. Cuando llegó, fue secuestrada a la entrada, en frente de los guardias y de una patrulla de la Policía. Después fue llevada a un paraje rural y fue objeto de violación masiva y de delitos atroces por paramilitares. “Me mataron pero seguiré levantando mi voz”, señaló durante la audiencia la valiente periodista.
A pesar de ser hechos plenamente probados, en más de veinte años la investigación del gobierno no llegó a los autores intelectuales del atropello, entre ellos un reconocido general de la Policía. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, recurrió entonces a la CIDH.
Una vez más, como ha sucedido en diversas ocasiones ante las Naciones Unidas y otros organismos, en lo que tiene que ver con atropellos y violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Iván Duque hizo el ridículo internacional. La Corte rechazó las recusaciones y ordenó la continuación inmediata de la audiencia. El representante del gobierno tuvo que regresar a la misma, aunque apenas reconoció parcialmente la responsabilidad del Estado.
El mensaje del gobierno en los dos episodios referidos es contundente y ratifica dos verdades. La primera, su carácter marcadamente fascista, que desconoce, incluso, los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario. La segunda, su práctica sistemática de misoginia y aporofobia. Las víctimas no cuentan y mucho menos si son mujeres o niños y niñas pobres y de regiones históricamente marginadas.

* Colombia, GT Geopolítica, integración y crisis del capitalismo y GT Estado, desarrollo y desigualdades territoriales, Profesora Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Externado de Colombia. Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ACCE.