La Educación En Tiempos De Pandemia: Nuevos Y Viejos Rostros Del Asedio A La Democracia

El Telégrafo - La educación durante la pandemia: Evitar la deserción escolar
Fuente: El Teléfrago

Andrés Felipe Mora*

“La muerte no es democrática” advierte el filósofo norcoreano Byung-Chul Han al analizar la crisis social desatada por la pandemia del COVID-19. Han insiste en que la clase social y el estatus de las personas condiciona la probabilidad de que la pandemia tenga efectos catastróficos sobre sus vidas. La llegada del COVID-19 ha puesto al desnudo las desigualdades que provocan efectos desproporcionados sobre poblaciones bien identificadas: mujeres, personas pobres, postradas en la informalidad o pertenecientes a alguna etnia. En esta misma línea, Judith Butler asegura que, en la sociedad de la pandemia, la muerte se manifiesta como una forma extrema de desigualdad.
La virtud de estas posturas consiste en llamar la atención sobre el hecho de que la crisis que actualmente golpea al mundo no es estrictamente sanitaria, y que los desgarradores impactos que experimentan nuestras sociedades se despliegan sobre condiciones sociales y económicas preestablecidas. Condiciones que se han querido ocultar detrás de los discursos lenitivos de “la lucha contra la pobreza”, “la igualdad de oportunidades” y “la movilidad social”.

Han insiste en que la clase social y el estatus de las personas condiciona la probabilidad de que la pandemia tenga efectos catastróficos sobre sus vidas.


Hoy la fragilidad de la política social neoliberal es patente: después de la llegada de la pandemia, América Latina podría retornar a los niveles de pobreza y pobreza extrema de hace 12 y 20 años, respectivamente. De acuerdo con el Panorama Social de América Latina presentado por la CEPAL, el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encuentran en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019. Las supuestas conquistas sociales de la denominada región de las “clases medias” se han esfumado: alrededor de 59 millones de personas que en 2019 pertenecían a los estratos medios experimentaron un proceso de movilidad económica descendente.
El campo educativo no es ajeno a este proceso. La emergencia sanitaria ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Según la UNESCO, estos cierres han afectado a 160 millones de estudiantes latinoamericanos. En este contexto, resulta problemático que, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, el 20% de la población latinoamericana no tiene acceso a la internet móvil. De allí se desprenden problemáticas relativas a la interrupción de los procesos de aprendizaje, el aumento de la desnutrición por el cierre de las escuelas que ofrecen alimentación gratuita, el incremento del abandono escolar y el crecimiento de los casos de embarazo prematuro y violencia doméstica. Situaciones que se agudizan si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la UNICEF, los estudiantes de América Latina han estado por fuera del aula más tiempo que cualquier otro niño o niña en el mundo (en 2020 las escuelas en América Latina y el Caribe permanecieron cerradas durante 158 días, lo que supera ampliamente la media global de 95 días de cierre).
Esta situación nunca ha sido y tampoco será “democrática”. Los rostros de la desigualdad en la educación en América Latina están bien identificados: antes de la pandemia los estudiantes vulnerables tenían en promedio un rezago en aprendizajes de dos años de escolaridad con respecto a sus pares menos vulnerables. Además, mientras que solo 2 de cada 100 niños y niñas de los estratos superiores de ingreso (quinto quintil) no culminaba la primaria, 13 de cada 100 no lo hacían entre los que provenían de los estratos más pobres. Asimismo, las tasas de conclusión de la enseñanza primaria eran del 96% en las zonas urbanas y de solo del 85% en las rurales.

La educación otorga títulos, estatus, saberes, capacidades y valores que, al repartirse de manera desigual, producen y reproducen relaciones de dominación de unos grupos sociales sobre otros.


Este problema se agudizaba entre niños pertenecientes a pueblos originarios y afrodescendientes de los cuales solo un 80% culmina este ciclo. Finalmente, es importante señalar que uno de cada cinco jóvenes de la región (15-24 años) no estudiaba ni trabajaba. Son estas clases sociales desaventajadas, los grupos con pertenencia étnica, las mujeres, las y los jóvenes y las personas ubicadas en las zonas rurales quienes sufrirán de manera desproporcionada los efectos de la pandemia (Daniela Trucco, 2014. Educación y desigualdad en América Latina. Santiago de Chile: CEPAL).
Es claro que el acceso, la permanencia y el logro educativo igualitario requieren de un enorme compromiso presupuestal por parte del Estado. No de otra forma se podría garantizar el acceso universal a la educación, disminuyendo, además, las desigualdades en materia de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, las brechas de financiamiento de la educación son notables entre y al interior de los países de la región. En una muestra que analiza los compromisos fiscales para enfrentar los efectos socioeconómicos de la pandemia, Colombia ocupa el puesto 11 entre 16 países. Países como El Salvador, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Argentina, Panamá, Honduras, Guatemala y Bolivia superan dicho país en su esfuerzo por canalizar gasto público orientado a minimizar los efectos sociales y económicos generados por el Coronavirus. Por otra parte, en Argentina y Brasil los gobiernos subnacionales más vulnerables tienen casi la mitad de los presupuestos educativos que los más ricos para enfrentar los efectos de la pandemia. Es claro que las políticas de austeridad impuestas por el neoliberalismo, unidas a las históricas desigualdades territoriales de los países, condicionan las opciones presupuestales de los gobiernos en el presente.
En definitiva, la democracia en los tiempos del COVID-19 no solo se encuentra amenazada por la puesta en marcha de dispositivos autoritarios y de vigilancia extrema sobre las poblaciones. También se encuentra asediada por la incapacidad de nuestras sociedades de distribuir de manera igualitaria el acceso el valor-poder del conocimiento.
La educación otorga títulos, estatus, saberes, capacidades y valores que, al repartirse de manera desigual, producen y reproducen relaciones de dominación de unos grupos sociales sobre otros. Es en la repartición del poder en donde debe valorarse la incidencia distributiva de la educación: de tal repartición dependerá la construcción de verdaderas democracias. Las democracias latinoamericanas se encuentran asediadas no únicamente por el predominio de formas autoritario-sanitarias de gestión de la crisis; también por la reproducción de las desigualdades que vienen del pasado y se proyectan de manera acentuada hacia el futuro. Particularmente, en el campo educativo.

* Colombia, GT Políticas Educativas y Derecho a la Educación, Profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia.