CRISIS Y PANDEMIA EN PARAGUAY

Mario Abdo Benítez: El presidente de Paraguay evita ser destituido ante la  petición de un juicio político por el manejo de la pandemia | Internacional  | EL PAÍS
Fuente: El País

Alhelí González Cáceres*  Mirtha Maldonado**

Crisis entrelazadas en un país en crisis

La pandemia del Covid 19 que azota al mundo con sus consecuencias devastadoras, y cuyo epicentro es en este momento América Latina, específicamente Brasil, deja al desnudo la incapacidad del sistema capitalista para dar respuestas a los problemas que aquejan a la humanidad, siendo los derechos básicos más sentidos como es el caso de la salud, la alimentación y el trabajo, los más vulnerados. Los sistemas públicos sanitarios colapsados, algunos más otros menos, dan cuenta del sostenido proceso de mercantilización de la salud, como no podía ser de otra manera dada la naturaleza del modo de producción capitalista, mercantil por antonomasia.

En Paraguay la pandemia es decretada oficialmente el 9 de marzo de 2020 y se establecen acciones y medidas a fin de prevenir el contagio,  el  16 de marzo se declara estado de emergencia, el 20 de marzo de 2020 fallece la primera persona a causa del Coronavirus y se decretó el aislamiento general de la población a partir del 21 de marzo, medida que duró hasta el 4 de mayo de 2020 para continuar con una cuarentena, llamada inteligente, constituida  por 4 fases, levantadas de forma sucesiva hasta llegar al 4 de octubre fecha en que fue decretado el final de la cuarentena y se instituyó el modo Covid de vivir, o  mejor dicho de morir.

La catástrofe sanitaria por la que atraviesa en estos momentos el país no puede comprenderse en su magnitud si no la entendemos desde los elementos que la estructuran, a saber; un Estado oligárquico, con una amplia tradición liberal, baja recaudación tributaria en el contexto de un sistema tributario regresivo; elevados niveles de corrupción y evasión fiscal, así como el elevado grado de informalidad económica y baja calidad del empleo, incluida al mismo tiempo, la ausencia de voluntad para crear capacidades técnicas que permitan una cierta institucionalidad en el quehacer de la gestión estatal, dinamitando desde dentro las posibilidades de éxitos de las políticas implementadas.

Sin embargo, si sólo observamos estos elementos sin considerar el papel que ocupa Paraguay en la dinámica capitalista a nivel mundial, no podríamos consignar la magnitud del problema, un Estado cuya estructura misma es insostenible en términos económicos, financieros y por, sobre todo, sociales y, por tanto, incapaz de garantizar derechos elementales como el acceso universal a la salud y al empleo. Por lo que involucrar en el análisis el hecho de que habitamos un territorio que presenta un escaso desarrollo relativo de las fuerzas productivas y cuya economía se sostiene a través del sector primario exportador escasamente diversificado, además del aumento de la centralidad que han adquirido en las últimas décadas las actividades ilícitas e ilegales como espacios de reproducción de los capitales que operan en el país, que en el 2019 representaron el 42,7% del PIB, equivalente a unos 16.647 millones de dólares, no es un detalle menor, puesto que en 2020 las estimaciones sugieren que representaría alrededor del 46% del PIB.

Los elevados niveles de informalidad de la economía, situada en torno al 71% de la población económicamente activa, la baja calidad del empleo junto con la predominancia de capitales sobrantes, improductivos e ineficientes; permiten comprender la magnitud, en términos económicos y sociales, de lo que para la sociedad paraguaya implica la pandemia y la cuarentena como mecanismo de contención de la propagación del virus.

Esto es así, puesto que a diferencia de los demás países de la región, Paraguay no ha atravesado por procesos de industrialización como fue la experiencia del modelo ISI en el siglo XX; de esta manera, se consolida una estructura económica que encuentra en la renta de la tierra en general, y la exportación de soja y carne en particular, los mecanismos a través de los cuales es posible la reproducción ampliada del capital y, que como es sabido, el tipo de valores de uso que se producen determina las condiciones de vida de la clase obrera, urbana y rural.

A este hecho concreto, se añade la ofensiva capitalista en el contexto de la lucha de clases a nivel mundial y el sistemático proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo que se observa en la degradación de los salarios, que en el caso paraguayo acumula una caída del 30%, en la misma magnitud, el desmantelamiento de las conquistas obreras, la privatización y/o precarización de los servicios públicos, que constituyen parte de los salarios indirectos de la clase obrera, han agudizado la situación por la que atraviesa el conjunto de la población en un escenario de crisis general.

Particularmente, en el caso paraguayo, si bien presenta uno de los salarios mínimos más altos de la región y un crecimiento casi sostenido durante las últimas dos décadas; esta bonanza económica propiciada por los precios favorables de las commodities en el mercado internacional, no se han visto acompañadas por una mejora sustantiva en la calidad de vida de la clase trabajadora, sino que ha sido todo lo contrario. La baja calidad de los servicios públicos, en particular de salud, educación y transporte; han incrementado la proporción del salario que es destinada a satisfacer dichas necesidades. En el caso del sistema público de salud, observamos que, a medida que el presupuesto destinado por el Estado se ha incrementado; en la misma proporción lo ha hecho el gasto de bolsillo de la población representando hoy el 40% del gasto total en salud; Paraguay, al igual que Haití, Antigua y Barbuda, Guatemala, entre otros, tan sólo gasta el 3% del PIB en salud, siendo uno de los más rezagados en cuanto al gasto público en esta área.

El gasto público en Paraguay ha sido históricamente bajo con relación al promedio que maneja la región, situado en el 21,2% respecto al PIB (https:www.cepal.org), asimismo, la CEPAL resaltaba que la débil posición fiscal con la que la pandemia encuentra a Nuestra América, ha agravado los impactos de la crisis. Es decir, el bajo crecimiento económico durante la última década ha significado el estancamiento en los ingresos públicos y, por tanto, han sido insuficientes para cubrir el volumen del gasto público, incrementándose por tanto la deuda como mecanismo de compensación que, actualmente supera los 12 mil millones de dólares, aproximadamente el 35% del PIB, en su mayoría, correspondiente a la emisión de bonos del Estado en el mercado financiero internacional, y en donde el 33% de los recursos financieros obtenidos por este medio va dirigido al pago de deuda pública.

En este sentido, la situación de crisis se ha visto agravada por la histórica aplicación de políticas regresivas que se han manifestado en el escaso gasto público en áreas sensibles como salud y educación; así como en la ineficiencia de su gestión. Al desmantelamiento de las conquistas obreras, se añade la persecución a las dirigencias sindicales, la eliminación de los contratos colectivos de trabajo, las sistemáticas violaciones de los derechos laborales en los ámbitos público y privado, así como la malversación de los recursos públicos.

Gestión del gobierno en la pandemia

La población respondió de forma disciplinada y sacrificada la disposición de guardar cuarentena quedándose en sus casas, con un subsidio para el sector informal consistente en 500 mil guaraníes equivalentes a 78 dólares. Además de las complicaciones técnicas para la concreción del mismo debido a los elevados niveles de informalidad y a la ausencia de una base de datos que permita a las instituciones públicas identificar al sector que se pretendía salvaguardar; ese monto paupérrimo quedó capturado por el sector comercial. Los grandes beneficiarios fueron los dueños de cadenas de supermercados, ya que el subsidio no podía efectivizarse, sino que debía gastarse en estas cadenas. Este programa de transferencia monetaria benefició solamente a 700.000 personas, una cifra importante pero que, sin embargo, ni siquiera representa el 50% de los trabajadores que se ocupan en el sector informal, que representan el 71% de la población económicamente activa estimada en 3.390.555 personas.

Uno de los argumentos de mayor peso que sostenían el aislamiento total y general de la población estaba sustentado en que el sistema de salud no toleraría una demanda de camas en unidades de cuidado intensivo, así como la importante demanda de insumos requeridos. Fue así, que ese tiempo se dedicaría a fortalecer la infraestructura pública sanitaria para el momento de mayor contagio. Con el propósito de fortalecer todo el sistema de salud para enfrentar las posibles consecuencias ocasionadas por el Covid-19 y para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia, el Congreso Nacional aprobó la emisión de bonos del Estado por un valor de 1600 millones de dólares en el mes de marzo de 2020, de los cuales 550 millones de dólares fueron dirigidos al pago de salarios en el sector público. Las medidas adoptadas por el gobierno sobre todo las relacionadas al confinamiento a raíz de la pandemia, golpearon con mayor fuerza a las familias de bajos ingresos, quienes han experimentado la pérdida de empleo de por lo menos un miembro por familia. La pobreza alcanzó al 26,9% de la población, aproximadamente 1.921.000 personas cuyos ingresos fueron inferiores al costo de la canasta básica de consumo estimada en 712.618 guaraníes. Mientras que el desempleo alcanzó a 266.902 personas, afectando en mayor proporción a los jóvenes de entre 15-29 años.

El país había cerrado el 2020 con 2.262 fallecidos. Actualmente, a tan solo cuatro meses del 2021 se contabilizan 6.196 fallecimientos y 274 mil casos confirmados, sin embargo, a pesar de situarse en el pico de la curva de contagios, las medidas implementadas han sido no sólo erráticas, sino que se han caracterizado por la improvisación y la ausencia de una estrategia que permita contener al virus y mitigar los impactos de la crisis sobre la población más vulnerable. Al mismo tiempo en que escasean medicinas e insumos en los hospitales públicos, medicamentos esenciales son comercializados de contrabando en la frontera y la especulación en los precios de las medicinas no ha sido combatida por el gobierno, dejando a su suerte a la población más vulnerable, aquella que no puede ir a vacunarse a Estados Unidos, ante la indolencia del Estado.

En este sentido, la vacunación masiva de la población se constituye en la principal herramienta para contener al virus, y es justamente en donde el gobierno ha demostrado su mayor debilidad, quedando en medio de fuegos cruzados entre Estados Unidos que busca mantener su hegemonía en la región a través de la distribución de las vacunas y, por otra parte, China que busca ampliar su presencia. En este contexto, Paraguay no sólo se ha negado, por sus vínculos con Taiwán, a adquirir las vacunas chinas, sino que, al mismo tiempo, se niega a solicitar cooperación a Cuba en el marco de la fase III de los ensayos clínicos de las vacunas cubanas, quedando a merced de lo que pueda obtener a través del mecanismo Covax, perpetuando el sufrimiento de la población.

Mientras tanto, la situación de los trabajadores va empeorando, evidencia empírica de ello es que aquellos trabajadores suspendidos que han accedido al cobro del subsidio otorgado por el Instituto de Previsión Social, que consistía en el 50% del salario mínimo vigente, menos de 160 dólares, han sido obligados por muchas de las empresas que se acogieron a dicha medida, a asistir a sus lugares de trabajo otorgando como salario la compensación por suspensión. Un acto a todas luces abusivo, ilegal e inhumano.

 La modalidad impuesta de trabajar desde las casas o teletrabajo, también permitió a las patronales transferir sobre las golpeadas economías familiares de trabajadores, gastos de electricidad, agua, internet, equipamiento, insumos de variada índole. Muchas familias tuvieron que hacer gastos extraordinarios en la adecuación de la infraestructura para el teletrabajo, lo mismo que para la educación virtual. Los límites entre el espacio familiar y el laboral quedaron desdibujados, sumándose en muchos casos más horas de trabajo no remunerado.

Deterioro de la salud mental e incremento de la violencia

Todo este contexto de cambios abruptos en nuestras vidas, el teletrabajo, la educación virtual, el confinamiento social, la pérdida de empleos, los problemas económicos, los cuidados sanitarios, el reporte diario de muertes, la desinformación, la instalación de teorías conspiratorias asociadas a los anti vacunas configuran un marco propicio para la aparición de problemas relacionados a la salud mental como la depresión, los ataques de pánico o las dolencias relacionadas a la ansiedad. Según estimaciones, en Paraguay el 5,2 % de la población padece depresión, aproximadamente 300 mil personas.

Al tiempo que, la asignación destinada para la salud mental es de 1,84 % del presupuesto total de salud (OPS-Paraguay 2019) y de este ínfimo porcentaje el 80% es destinado a los hospitales psiquiátricos, huelga decir que el modelo de salud mental paraguayo está sustentado en el asilar- manicomial.

La constatación del aumento en los índices de depresión, ansiedad, tristeza, ataques de pánico en el contexto de pandemia, nos devela de forma inmisericorde las estrechas relaciones existentes entre las condiciones de vida impuestas por el modo de producción capitalista y la salud mental. Si partimos que la esencia del sistema capitalista es la mercantilización de todo, ésta requiere de sujetos que no piensen ni se piensen, sino sobre todo requieren de la producción de sujetos consumidores, con un yo fragmentado que haya internalizado con total convicción el credo capitalista del individualismo y la meritocracia como perspectiva de superación de todos los obstáculos y la imposibilidad de verse como sujetos colectivos potencialmente negadores del orden social vigente.

Es importante señalar que, el consumo de los psicofármacos durante el periodo de pandemia también ha tenido un incremento significativo, para felicidad únicamente de la industria farmacológica que es uno de los sectores que más ha acumulado durante la pandemia.

No existe ninguna posibilidad que el capitalismo tenga un rostro más humano, menos cruel, más justo sino todo lo contrario y estas tendencias destructivas del propio sistema son las que condicionan no sólo las condiciones materiales de las personas, sino al mismo tiempo la subjetividad, por ende es tarea nuestra desarrollar estrategias más certeras para que esa rabia, ese malestar que se vuelve hacia el propio individuo, cf redireccione hacia una conciencia capaz de desarrollar la fuerza colectiva impugnadora de este sistema.

Otro de los fenómenos que ha mostrado su rostro más cruel es el de la violencia. Las denuncias por violencia familiar también mostraron un incremento durante el año 2020, siendo el registro oficial de 25.950, con 260 casos más que en el año 2019, esta violencia está direccionada principalmente hacia las mujeres y los niños y niñas, y se expresa en el aumento de las denuncias de abuso sexual infantil, constituyendo 2.706 en el 2020, registrándose 8 casos de denuncias por día. Es sabido que los casos que no se denuncian, son tanto o más que los denunciados. Los hechos punibles que se cometen contra los niños, niñas y adolescentes muestran un comportamiento ascendente, poniendo en evidencia que las relaciones de violencia hacia este sector de la población, como hacia las mujeres, configuran relaciones de poder.

Por otra parte, el terrorismo de Estado también se ha hecho presente. El presidente Mario Abdo Benítezen su afán de mover el foco de atención de la crisis económica y sanitaria, se trasladó hasta el norte del país para posar con aires de triunfador ante el asesinato de las dos niñas argentinas por parte de las Fuerzas de Tarea Conjunta, ocurrida el 2 de septiembre de 2020 en la zona de Yby Yau, Departamento de Concepción.  Las niñas asesinadas eran María Carmen Villalba y Lilian Mariana Villalba de 11 años de edad. Así también, desde el 30 de noviembre se encuentra desaparecida Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años, conocida como Lichita, quien se encontraba en la misma zona en que fueron ejecutadas las niñas, mientras que Laura Villalba, madre de una de las niñas asesinadas y tía de Lichita, se encuentra recluida en una cárcel militar enViñas Cue y con serias restricciones para recibir visitas, constituyéndose este hecho en uno más del extenso historial de violaciones de los derechos humanos perpetrados por el Estado paraguayo y que le han valido varias condenas internacionales por parte de la CIDH.

La batería comunicacional del gobierno estuvo dirigida en un primer momento a mentir acerca de la edad y la nacionalidad de las víctimas, una vez desarmadas estas mentiras se enfocaron a criminalizar a las madres de las mismas, alegando que eran combatientes guerrilleras de la llamada organización Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Esta colocación oficial pudo ser revertida gracias a la rápida intervención de organizaciones de derechos humanos argentinas, teniendo en cuenta la nacionalidad de las niñas. La campaña desplegada en las redes sociales tuvo la síntesis comunicacional en la frase Eran Niñas.

Luchas y resistencias del movimiento obrero y popular

Es innegable que los altos niveles de fragmentación del movimiento obrero en el que nos encontró la crisis económica exacerbada por la pandemia del Covid 19, constituye uno de los elementos claves para que las patronales avancen contra los derechos laborales conquistados. 

Durante el primer año de pandemia, en todo el territorio nacional las personas empobrecidas se organizaron para alimentarse, constituyendo ollas populares que lograron alimentar a cientos de miles familias paraguayas. Estas organizaciones sobresalieron por el liderazgo de las mujeres que, en torno a un derecho fundamental como es la alimentación, fueron construyendo redes y dando respuestas a las más diversas necesidades que hacen a la vida de las personas.

En medio del confinamiento social impuesto por el gobierno, éste pretendió llevar a tambor batiente una mal llamada reforma de Estado, las organizaciones sindicales lograron una unidad de acción que logró postergar el tratamiento de dicho proyecto de ley. Al tiempo que, diversas organizaciones sindicales habilitaron teléfonos de denuncias de modo a orientar, asesorar y acompañar a los trabajadores/as que en su mayoría desconocen los derechos que los amparan.

Las movilizaciones ciudadanas, los cortes de rutas en todo el territorio nacional que se iniciaron el 6 de marzo y que se prolongaron más de 20 días, con jornadas de represión policial, fueron la expresión de una ciudadanía harta de los abusos y robos del gobierno, cuyo detonante fue la movilización de los familiares de  internados y personal de salud ante la  acuciante situación de desabastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales  y el  creciente aumento de contagiados y fallecidos.

El juicio político a Abdo Benítez, aunque no prosperó, logró hacer síntesis del desarrollo de conciencia de la sociedad paraguaya que identifica en el partido de gobierno a uno de los principales responsables de la crítica situación por la que nos encontramos atravesando, una batalla no menor, cuando del partido que se trata es de aquel que sostuvo la dictadura de Alfredo Stroessner por 35 años, y que, a 32 años de una “transición democrática” que no termina de concretarse, no solamente no ha sido juzgado por sus crímenes, sino que continúa haciendo uso de la estructura estatal prebendaria y clientelar forjada por el dictador, beneficiando al mismo círculo cercano que durante décadas manejó las instituciones públicas a su antojo con total impunidad.


* Paraguay, Economista. Presidenta de la Sociedad de Economía Política del Paraguay-SEP-Py. Militante sindical del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción-SITRAFACSO

** Paraguay, Psicóloga. Militante sindical del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción-SITRAFACSO