LA MILITARIZACIÓN DE LA AGENDA DE SEGURIDAD REGIONAL

Capitolio de Estados Unidos: El Pentágono extiende la militarización del  Congreso hasta el 23 de mayo | USA | MUNDO | EL COMERCIO PERÚ
Fuente: elcomercio.pe

Loreta Tellería Escobar*

La post Guerra Fría, significó el reacomodo del tablero geopolítico mundial, lo que supuso el cambio del concepto de seguridad, de uno de base tradicional o restringido, a uno de base amplia y liberal. Dentro del primer ámbito, se encuentra el paso de la concepción de “seguridad colectiva”, que implicaba una respuesta coordinada entre los Estados ante la emergencia de amenazas externas, a uno de “seguridad cooperativa”, que imprimía al concepto respuestas más proactivas y de tipo preventivo, ligadas a la integración, la confianza mutua y la búsqueda de paz. Paralelamente, en la década de los noventa, surgieron dos conceptos que replantearon todo el andamiaje institucional de la seguridad: la “seguridad humana” y la “seguridad multidimensional”. Si algo caracteriza a estos nuevos conceptos, es que las amenazas no sólo son identificadas contra el Estado, sino, de manera preferente, contra el ser humano, lo que implica que éstas pasen de un ámbito exclusivamente militar, a uno de carácter social, económico, medioambiental, político, etcétera.

Los problemas que trae aparejado esta ampliación conceptual del término seguridad, se sitúan en los ámbitos metodológico, institucional y operativo. La variedad de conceptos que se manejan simultáneamente (seguridad cooperativa, seguridad humana, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, seguridad pública, etc.) hace muy difícil su manejo a nivel global, regional e incluso nacional. Viejos y nuevos marcos institucionales en el ámbito de seguridad tienen que convivir entre sí; por ejemplo, en el caso de la OEA, aún es una incógnita saber cómo se articula el vetusto Sistema Interamericano de Defensa (SID) instituido en el periodo de la Guerra Fría, con instancias como la Secretaria de Seguridad Multidimensional y sus subsecuentes apartados en los temas de antinarcóticos, antiterrorismo y seguridad pública.

Otra de las constataciones, es la conformación de una unipolaridad militar en el mundo a la cabeza de Estados Unidos. De acuerdo a datos del SIPRI, el gasto militar mundial para el 2020, asciende a casi 2 billones de dólares, de los cuáles Estados Unidos representa el 39%, seguido de China con el 13%. Es decir, frente a un concepto de seguridad ampliado, existe un presupuesto militar ampliado, que refleja una realidad palpable, no solo a nivel mundial sino también regional: La militarización de la agenda de seguridad.

Tras una mirada a la agenda de seguridad internacional, podemos ver que, en varios lugares del mundo, aún prevalecen amenazas de guerra de tipo convencional junto con el surgimiento de lo que se ha denominado guerras híbridas (“Una combinación de la letalidad de la guerra estatal con el fanatismo de la guerra irregular” en Hoffmann, Frank. 2007. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Arlington: Potomac Institute for Policy Studies). Este escenario y su tratamiento, no hace más que reflejar la permanencia de los medios militares y los fines políticos que persiguen dichos medios. Es decir, pueden haberse cambiado o ampliado las amenazas, pero siguen siendo abordadas desde lo militar.

Lo preocupante es que, junto a la securitización de las amenazas, existe la ausencia de debate en temas como “relaciones civiles-militares” o “control civil de las Fuerzas Armadas” (FFAA), que otrora, eran indispensables en materia de construcción democrática, y que actualmente están ausentes de la agenda política y académica. El peligro, es que un concepto amplio de seguridad no sólo sirve a los militares para ampliar su margen de acción, sino que ha sido incapaz de generar estrategias de control civil sobre el manejo de la defensa, y evitar así, desastres como lo sucedido en la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo y el manejo de la seguridad pública.

Frente a este contexto, cabe la pregunta ¿Cómo se maneja el tema de seguridad en la región de América Latina? ¿Se sigue dependiendo del obsoleto SID? ¿Manejamos nuestras propias amenazas o dejamos que nos las impongan? ¿Qué rol juegan las autoridades políticas y los militares en materia de defensa y seguridad?

Hace algunos años, existieron intentos de crear una estructura subregional en materia de defensa y seguridad. El Consejo de Defensa Suramericano en el marco de la UNASUR y la Escuela de Defensa del Alba, buscaban objetivos concernientes a la definición de políticas, medios y amenazas no impuestas. No obstante, su conformación bajo gobiernos de izquierda o progresistas, las convirtieron en intentos fallidos tras la ola de renovación conservadora que vive la región.

En la actualidad, los gobiernos de América Latina en su gran mayoría, salvo excepciones Cuba y Venezuela– manejan el mismo guion de amenazas que vienen configuradas desde la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El narcotráfico, el terrorismo y el crimen transnacional configuran la panoplia argumentativa donde todo cabe, incluido el viejo “enemigo interno”.

A esto, debemos agregar, el análisis acerca del control civil que se ejerce sobre los ámbitos de defensa y FFAA en la región. De manera histórica, en nuestros países ha existido una desconexión entre el mundo académico y los temas militares; a lo que se suma, la concurrencia de una especie de “pacto de reciprocidad” entre el ámbito político y militar, que consiste en mantener el statu quo institucional a cambio de la estabilidad política.

Dadas estas características, en general, las FFAA en Latinoamérica se adaptan pragmáticamente y de manera ineficiente a los requerimientos de la agenda de seguridad internacional en su sentido amplio; sin haber resuelto aún, los temas de seguridad en su sentido tradicional o restringido. Los conflictos internos en Colombia, a pesar de la firma de los acuerdos de paz, grafican muy bien este tema; al igual que la tensión que existe en su frontera con Venezuela.

La coyuntura de crisis sanitaria frente a la COVID-19, no deja de reflejar esta realidad. De acuerdo a un estudio realizado por RESDAL en 2020, las FFAA a nivel regional, han tenido un rol asignado en la prevención y atención sanitaria, en áreas como apoyo a sistemas de salud, mantenimiento del orden público y fronteras, y apoyo directo a la población a través de la distribución de alimentos y agua (RESDAL La labor de las fuerzas militares en contexto de crisis. Covid-19, N 2 2020, en https://www.resdal.org/assets). 

Bajo este escenario, el riesgo es que la post pandemia también requiera de los servicios militares. En Brasil se dice que más de 125 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria debido a la crisis económica generada por la pandemia (Folha, 14 de abril de 2021), paralelamente, Bolsonaro pide a las FFAA que garanticen “la paz para gobernar” (Télam, 15 de abril de 2021). A esto se suma, la oleada migratoria desde Centro América hacia Estados Unidos, que ha promovido el desplazamiento de tropas, no sólo de este último país, sino también de México, Guatemala y Honduras (France24, 14 de abril de 2021). El peligro, nuevamente, es que temas de seguridad alimentaria, sanitaria y migratoria sean en última instancia enfrentados con los militares.

En síntesis, la ampliación del concepto de seguridad ha dado lugar al aumento del poder militar en todos los ámbitos: global, regional y nacional. Este poder se ve reflejado no sólo en la ampliación de las funciones de las FFAA y de su presupuesto, sino también en la emergencia de viejas amenazas a la democracia surgidas desde la propia institución armada, como fueron los golpes de Estado sucedidos en Honduras en 2009 y en Bolivia en 2019, ambos, paradójicamente, en pleno siglo XXI.


* Bolivia, GT Estudios sobre Estados Unidos, investigadora de temas de Defensa, Seguridad y Relaciones Bolivia-Estados Unidos del Observatorio de Democracia y Seguridad.