VACUNAS, EMPRESAS, PATENTES

Gabriela Roffinelli*

Josefina Morales**

Fuente: bbc.com

Sin duda, la pandemia nos ha enfrentado a la naturaleza profundamente inhumana del capitalismo.  La crisis sanitaria y humanitaria en curso no es consecuencia del virus SARS-COV-2, sino de la desaprensión de los Estados capitalistas para tomar medidas que estén a la altura de la gravedad de la situación a nivel global.

Desde 2003, la aparición del SARS-COV-2 en el sudeste asiático dio las primeras señales de la catástrofe que se podría avecinar, sino se tomaban medidas preventivas. Pero pese a todos los avisos ningún gobierno tomó medidas sustantivas de fortalecimiento de los servicios públicos de salud con reserva de equipamiento médico adecuado, disponibilidad masiva de test diagnósticos y de rastreo de contagios y, fundamentalmente, de refuerzo del personal sanitario, etcétera.

Y ya ante la emergencia del COVID-19 el conjunto de los gobiernos (sin contar con los criminales que apostaron a la inmunidad de rebaño) desechó aplicar las medidas más elementales, como la nacionalización de las fábricas en las que se podían producir los equipos de protección, los test, los respiradores, etc. y, mucho menos, el impulso de la investigación científica para el desarrollo de una vacuna contra las partes inmutables de las proteínas del virus (claro en los países que cuentan con capacidad para ello), sino que optaron por apoyarse en la dinámica del negocio privado de la industria farmacéutica. Prácticamente las únicas políticas públicas disponibles consistieron en establecer –con mayor o menor flexibilidad– el aislamiento social; el cierre de fronteras, restricciones a la movilidad de las personas, etc.; un tratamiento propio de épocas históricas con escaso desarrollo de la medicina, como la Edad Media europea.

En 2004, la OMS advirtió a la industria farmacéutica que sería demasiado tarde impulsar las investigaciones para el desarrollo de una vacuna “cuando el virus se haya difundido” (Schubert-Ankenbauer, 2004). Pero la industria farmacéutica no se rige por criterios de salud pública, sino por los criterios de maximización de ganancias a corto plazo y no invirtió en las costosas y prolongadas investigaciones que habrían posibilitado el desarrollo de fármacos para este tipo de enfermedades virales.

A un año de iniciada la pandemia la situación se agrava con la emergencia en nuevas cepas más contagiosas, nos preguntamos entonces, ¿por qué no prima la cooperación de los esfuerzos científicos a nivel internacional compartiendo las patentes en el desarrollo de las vacunas? Todo lo contrario, los laboratorios protagonizan una competencia apresurada, signada por intereses económicos y geopolíticos más que humanitarios, para obtener la vacuna de “emergencia”.  La vida de cientos de millones de personas en el mundo depende del negocio de las farmacéuticas.

Sin correrse de los rígidos carriles de los negocios privados, lo máximo que se ha alcanzado en materia de una cierta cooperación es la iniciativa Covax. Esta implica una colaboración global (con fondos de organizaciones benéficas y países ricos) para comprar vacunas al por mayor y distribuirlas de manera equitativa en todo el mundo, con el objetivo de que al menos el 20% de la población de cada país, centrándose en los trabajadores de la salud y los más vulnerables, están vacunados antes de fin de año.  Pero la iniciativa surgió debilitada “los gobiernos ricos se adhirieron a Covax, pero también llegaron a acuerdos privados directamente con los fabricantes de vacunas que ofrecían pagar precios más altos para asegurar el acceso más rápidamente” (The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2021/apr/22/).

Covax alcanzó acuerdo con laboratorios como Pfizer que solo ha suministrado cantidades relativamente pequeña de dosis porque destinan el grueso de su suministro a contratos privados más lucrativos. No obstante, Covax alcanzó acuerdos con Oxford/AstraZeneca por más de 1.530 millones de dosis este año, pero hasta ahora solo una quinta parte de las dosis esperadas se han entregado debido a las prohibiciones de exportación, el acaparamiento y la escasez de suministro (The Guardian, op.cit).

A su vez, desde hace unos meses, una coalición de países y organizaciones globales están pidiendo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) -organismo que rige los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio-, que se establezca apenas una exención de estos derechos para poder producir masivamente y de forma accesible las vacunas de covid-19.  Inmediatamente “un centenar de cabilderos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos trabajan día y noche para oponerse a la propuesta de una exención temporal sobre los derechos de propiedad intelectual de las patentes para que puedan desarrollarse vacunas genéricas” (Lee Fang, The Intercept, 19 de abril).

Los países centrales con mayor poder de compra han cerrado contratos con los laboratorios que duplican o triplican la cantidad de dosis de su población.  Estos países, que reúnen al 14% de la población mundial, se han reservado el 53% de las dosis (véase cuadro 1). Y según la coalición People ´s Vacine los 70 países más pobres del mundo solo podrán vacunar a 1 de cada 10 personas durante 2021. No obstante, el ritmo de vacunación en los países desarrollado es muy lento debido al retraso de las farmacéuticas en entregar las dosis comprometidas. Multinacionales que especulan con contratos llenos de cláusulas confidenciales y exigencias abusivas como, por ejemplo, la exigencia de Pfizer a los gobiernos de Brasil y Argentina de que pusieran bases militares, embajadas y otros activos soberanos como garantía ante una eventual demanda por efectos adversos de la vacuna. Demandas que se tramitarían, además, en los tribunales de EEUU.

Perversamente, el primer ministro británico, Boris Johnson, cuyo país supera las 100.000 víctimas de COVID-19, señala que “elcapitalismo y la codicia le dieron a Reino Unido su éxito en la vacunación de su población”.

En las últimas semanas de abril, el crecimiento exponencial de enfermos y muertes por la pandemia en la India muestra la paradoja infernal del capitalismo en estos momentos históricos: India el país que es el líder en la fabricación de vacunas, que más vacunas contra el COVID-19 han producido las trasnacionales farmacéuticas ahí instaladas, en particular Pfyzer, atraviesa por una tragedia. En Nuestra América Brasil ha registrado el mayor impacto bajo una política criminal de Bolsonaro y se ha agravado la situación en Colombia y Uruguay.

Por el contrario, ahí está el ejemplo solidario de Cuba, el único país latinoamericano que ha desarrollado vacunas propias pese a todas las limitaciones económicas y el bloqueo criminal que le impone EEUU desde hace 60 años. Desde marzo, comenzó los ensayos clínicos de fase 3 de dos vacunas de producción nacional, con otras tres posibles candidatas en proceso de desarrollo contra el coronavirus. Y desde que se inició de la pandemia hasta ahora ha enviado 57 brigadas de profesionales médicos especializados del Contingente Internacional Henry Reeve para ofrecer tratamiento a millones de pacientes con coronavirus en 40 países. Ejemplo de solidaridad e internacionalismo.  ¿Cómo logró lo revolución cubana desarrollar sus propias vacunas? Porque la industria de biotecnología de Cuba es de propiedad completamente estatal con investigaciones y desarrollos dirigidos a atender las necesidades de la salud pública sin buscar obtener ganancias a costa de la población cubana.

La gravedad de la crisis sanitaria y humanitaria que estamos atravesando exige que se termine con privilegiar los negocios privados por sobre la salud de la población mundial. Es un derecho humano universal el acceso a la salud pública y gratuita.

Más aún cuando las investigaciones y elementos médicos que se están desarrollando para lograr las vacunas, los métodos de diagnóstico y los tratamientos para enfrentar el virus han recibido millonarios recursos públicos.  Durante décadas, el conocimiento científico se ha desarrollado como producto de múltiples investigaciones realizadas en universidades y centros de investigación, en gran parte sostenidos con financiamiento público, de los distintos países.  Por esta razón, hace 50 años, Jonas Salk y poco más tarde Albert Sabin rechazaron patentar la vacuna contra la polio. En un programa de televisión al primero se le preguntó por qué rechazó patentar la vacuna y contestó: “No hay patente. ¿Acaso se puede patentar el sol?”. La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, declaró que las vacunas deberían ser un bien público mundial, ya que las patentes tuvieron su origen en la ciencia abierta” (La Jornada, México, 27 de abril, 2021).

Y también hay que tener presente que antecedente inmediato de los profundos cambios en Bolivia, a partir del gobierno de Evo Morales, fue la pretensión del capital trasnacional de privatizar el agua de lluvia, de impedir la recolección de la lluvia por los campesinos bolivianos, lo que desató la “guerra del agua”. Ahora, en medio de la pandemia, la voracidad del capital no tiene límites: en los primeros días de diciembre del año de la pandemia, 2020, el derecho al uso del agua empezó a cotizarse en la bolsa de Nueva York. Evidentemente el capital va por todo, incluidos el agua y el sol.  Pero como demostró el pueblo boliviano solo la lucha podrá evitarlo.

La pandemia constata la barbarie capitalista. Y, como nos advertía Rosa Luxemburgo, “aquí el capitalismo descubre su cabeza de cadáver, aquí confiesa que su derecho a la existencia ha caducado, que la continuación de su dominación ya no es compatible con el progreso de la humanidad.

VACUNAS POR PAÍS (ABRIL 26, 2021)


* Argentina, GT Crisis y Economía Mundial, co-coordinadora.

** México, GT Crisis y Economía Mundial, Investigadora titular del IIEc-UNAM, presidenta de SEPLA