Macondo desde adentro, Colombia desde afuera

José Francisco Puello*

Carta del Provincial de Colombia sobre la crisis política del país
Fuente: https://jesuitas.lat/

Radiografía preliminar de las protestas en 2021

Desde los primeros días de mayo, se desarrolla un Paro nacional indefinido y se registra una masiva movilización social en Colombia.  

Por sus características, las actuales protestas serían una continuidad -interrumpida sólo por la coyuntura viral hoy vigente- que reeditan anteriores jornadas realizadas, primero en el año 2020, en plena pandemia, a raíz del asesinato por parte de la Policía en Bogotá de un joven, en medio de un arresto ilegal que desató un estallido social en Bogotá; yen 2019, en tiempos de pre-pandemia, desencadenadas por el movimiento estudiantil a raíz del incumplimiento de los acuerdos firmados con los y las universitarias un año antes por el Gobierno de Iván Duque sobre mejoras en la calidad y financiamiento de la educación superior, pero que, sin embargo y en adelante, sirvieron como una plataforma para ampliar en intensidad y en apoyos los episodios contenciosos sumando diferentes sectores sociales, complementando un arco mucho más comprensivo en las reivindicaciones. 

Como resulta ser la regularidad histórica en Colombia, la respuesta estatal ante los reclamos ha sido exclusivamente la represión brutal contra los y las manifestantes que han salido pacíficamente a las calles y, para denominarlo sin eufemismos: terrorismo de Estado. Vale la pena subrayar que en este contexto, además de los aparatos policiales y militares se han registrado situaciones de terrorismo parainstitucionales, especialmente, de orden parapolicial (civiles armados). Si bien estas demostraciones no extrañan porque son parte de las dinámicas paramilitares históricas del régimen anocrático en Colombia, especialmente en lo rural, la novedad es la exposición pública relativamente abierta que estas facetas despliegan en las ciudades; una situación que también vale señalar, ha sido posible evidenciar a través de la difusión masiva de imágenes (fotos, videos, etc.) desde las redes sociales, porque generalmente han sido omitidas y, en el mejor de los casos, deformadas por el oligoplios de medios de (des)información colombianos. 

Desde el 28 de abril y hasta el 27 de mayo, según la Plataforma GRITA: Grabando la violencia policial, Registrándola, Investigándola, Triangulando información de las denuncias y Asistiendo a las víctimas, desde la ONG www.temblores.org, el resumen infausto de la brutalidad estatal muestra:

1133 víctimas de violencia física;

43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza pública;   

1445 detenciones arbitrarias en contra manifestantes;  

648 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas;

47 víctimas de agresiones oculares;

175 disparos con armas de; 

22 víctimas de violencia sexual; 

6 víctimas de violencia basada en género.

Adicionalmente, a partir de distingas fuentes y sus variaciones validadas, la cifra de Personas Desaparecidas durante las jornadas se calcula en aproximadamente trescientas.

La escala de las manifestaciones, en todo caso, debe ser subrayada por lo inédita. Primero, gracias a su particular intensidad, pero también -en segundo lugar- en vista de su singular resistencia ante los niveles inauditos de la represión policial y del Ejército quien por orden presidencial bajo la figura de la “Asistencia militar” también se encuentra en las calles (incluso, como sucedió en varias ciudades, reprimiendo desde helicópteros artillados). A esto se le sumarían, además, la participación irregular de agentes presuntamente parapoliciales y paramilitares (como se ha podido registrar en el caso de ataques desde grupos de “civiles” contra la Minga indígena en el Valle del Cauca durante el fin de semana anterior, modus operandi que viene siendo replicado en otras ciudades). 

Si bien la “causa” original de las movilizaciones fue vinculada con la pretensión gubernamental de imponer una Contrarreforma tributaria y fiscal que, en medio de la precariedad social generalizada y creciente fruto de la pandemia (registros oficiales hablan cómo sectores pobres y empobrecidos de la población han reducido, incluso, el número de comidas diarias de 3 a 2; algunos a 1 por día) y el desmanejo del Gobierno (se evidencia que Colombia es de los peores países en la gestión frente al choque viral a nivel mundial), las razones no deben reducirse simplemente a las demandas inminentes de naturaleza socioeconómica.

La administración Duque ya había adelantado antes dos contrarreformas tributarias que no sólo habían castigado el bolsillo de los ciudadanos de a pie, sino también a las finanzas estatales (al otorgar exenciones al Gran capital, especialmente, transnacional y paralelamente, provocar un sobre-endeudaamiento externo que permitió un salvataje al capital financiero). Pretendió -en su momento- “balancear” sus decisiones anteriores cargando con más y mayores impuestos a la mayoría de la población, en un país donde en este año, los niveles de pobreza registran oficialmente rangos del orden del 43% y de indigencia del 15%, tasas de desempleo del 20%; lo anterior sin sumar que históricamente es un país con niveles espectaculares de desigualdad social en general y económica en particular, informalidad, derechos sociales ningunos y una larga lista de etcéteras donde las violaciones sistemáticas a los derechos humanos han sido la impronta infame.

Lo que vienen mostrando y demostrando las movilizaciones, como contracara de las gravosas situaciones objetivas del régimen autoritario estatal y del sistema excluyente sociopolítico en Colombia, más allá que demandas inmediatas, son reivindicaciones históricas. Los llamados estallidos entonces sugieren ser menos simples resistencias que la expresión de un proyecto político hacia el mediano y largo plazos. Dentro de los desagravios se suman no sólo aquellos referidos al “bolsillo” y la economía (como lo serían una Renta básica ciudadana o la Matrícula Cero para las Universidades públicas, por nombrar sólo algunas), sino también las que exigen la construcción de la democracia en sus distintas dimensiones: política, social, cultural; una convivencia social real y robusta de la mano de la materialización efectiva de derechos más allá de la formalidad escrita en la Constitución; unido a ello, la exigencia del cumplimiento del Acuerdo de Paz.  

Este último punto es ciertamente importante. El Acuerdo “sintetiza” y condensa los grandes temas nacionales y las principales problemáticas territoriales del país. Ante el incumplimiento sistemático por parte del actual gobierno (recordar que la presidencia de Iván Duque llega bajo la pretensión de “hacer trizas los Acuerdos”), el clamor visto en la gran mayoría de las protestas desde las ciudadanías subalternas y los sectores populares sigue siendo la exigencia del cumplimiento al compromiso de una palabra empeñada que, entre otras cosas, se mantiene como una responsabilidad gubernamental, pero sobre todo como una obligación estatal constitucional. 

Hasta el momento, e interpretando la coyuntura más allá de lo coyuntural y de las formas y contornos en proceso, la dinámica de la movilización ha mostrado extralimitar las expectativas y desbordar los esquemas organizativos partidarios, sindicales, incluso, los mismos Comités del Paro que, en principio actuaban como su vanguardia. Por ello, se podría sugerir que la síntesis que aparece como determinación de este acontecimiento sería la consolidación de un movimiento popular (no sólo “social”) que tiene como principal referente la paz. Se trataría de una articulación que va procesando paulatina, pero progresivamente la unidad a partir de diferentes voces y vocerías, pero –al final- unificada en torno a exigencias concretas, pero políticamente de fondo: paz, pan y democracia. Estos ejes parecen ser las reivindicaciones que quedan después de las luchas que aún faltan.

*Colombia, GT Crisis y Economía Mundial, docente en la Escuela Superior de Administración Pública.