En Uruguay Se Recurre A La Democracia Directa Para Frenar La Ofensiva Del Capital

Antonio Elías *

REFUNDACIÓN COMUNISTA DE URUGUAY: La larga depresión y el futuro del  capitalismo

Dos hechos fundamentales marcaron la agenda política, económica y social del Uruguay a partir de marzo de 2020. El primer día del mes asume la presidencia de la República Luis Lacalle Pou, con el respaldo de una coalición de fuerzas políticas encabezadas por el Partido Nacional; trece días después se declara la emergencia sanitaria, llega el Covid-19.
El nuevo gobierno se caracteriza por impulsar un programa de reformas en ámbitos fundamentales de la economía y la sociedad con el objetivo explícito de favorecer los intereses del capital en detrimento de los intereses de la clase trabajadora.
El programa y las políticas que impulsan tienen antecedentes claros en los gobiernos
postdictadura del Partido Colorado (1985-1990 y 1995-2005) y del Partido Nacional (1990-1995), presidido por Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual presidente.
El proyecto neoliberal actualizado tiene características muy específicas en la búsqueda de desmontar los muy importantes avances en los derechos e ingresos de los trabajadores y pasivos en los gobiernos del Frente Amplio (2005-2020). Cabe señalar, como corresponde, que continúan y profundizan las políticas favorables a las inversiones directas del capital transnacional y del gran capital nacional que impulso el Frente Amplio (FA).

el gobierno actual, intenta eliminar las conquistas que se lograron a favor de los trabajadores, los pasivos y las personas en situaciones de pobreza e indigencia


En resumen, el gobierno actual, intenta eliminar las conquistas que se lograron a favor de los trabajadores, los pasivos y las personas en situaciones de pobreza e indigencia en el marco de la política de conciliación de clases de los gobiernos del FA, manteniendo y profundizando los que se hicieron a favor del capital.
La Ley de Urgente Consideración (LUC) Nro. 19.889, aprobada el nueve de julio de 2020, atenta directamente contra los intereses de los trabajadores y responden a los reclamos de las cámaras empresariales, para favorecer al capital a través de la limitación al derecho de huelga, la prohibición de las ocupaciones y piquetes, la reducción del aparato del Estado y su papel regulatorio, la eliminación de monopolios estatales y la pérdida de derechos en la seguridad social.
El Presupuesto 2020-2024, aprobado a fines del año pasado y el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del año 2020, son la expresión económica y financiera de los lineamientos políticos fijados por el gobierno en la LUC.
La obtención de las firmas necesarias para convocar a un referéndum contra la principal ley del gobierno es la primera gran victoria del movimiento popular. El movimiento sindical y social, que vanguardizó el proceso, al que se sumó el Frente Amplio lograron, en conjunto, cumplir con creces los requisitos que exige la Ley 17.244 para que se convoque un referéndum que derogue 135 artículos de la LUC1 .

La obtención de las firmas necesarias para convocar a un referéndum contra la principal ley del gobierno es la primera gran victoria del movimiento popular.

El ajuste fiscal se aplica con rigor en medio de la pandemia

El gobierno continúa avanzando en su política de reducción del aparato de estado y en la mercantilización de servicios. Estas políticas son un instrumento para que el Estado se ajuste a las lógicas del capital, para lo cual impulsa: un mayor recorte presupuestal; una rebaja salarial del funcionariado público; una precarización del trabajo; la caída en cantidad y calidad del servicio estatal. Todo ello realizado de manera sistemática para poder avanzar en la mercantilización, entre otros, de la salud y la educación y crear las condiciones para la privatización de las empresas públicas. A título de ejemplo, la falta de recursos y la precarización del personal en enseñanza llevaron a que la educación pública pierda a un tercio del estudiantado.
El Balance de Ejecución Presupuestal y Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2020, se caracteriza por reflejar los elementos fundamentales de la política de ajuste fiscal del gobierno: rebaja salarial y reducción del número de trabajadores que tienen vínculos laborales con el Estado.
Con respecto a la rebaja salarial cabe señalar que el poder adquisitivo de los trabajadores del Sector Público cayó 10,2% entre enero de 2020 y junio de 2021. En efecto, el IPC de ese período aumento 14,61%, mientras que el ajuste salarial de enero de 2020 fue solamente de 4,41%.
Dicha pérdida de poder adquisitivo seguirá aumentando mes a mes hasta que se produzca el ajuste de enero de 2022, el cual según estipula el Art. 4 de la Ley de Presupuesto 19.924, será de 5,8% por inflación futura. La inflación de 2021 será superior a ese valor. En la última Encuesta de Expectativas de Inflación del Banco Central del Uruguay la mediana es 7,1%, lo que implica que aumentará la pérdida salarial.
Hay un desmantelamiento del ámbito público, en el medio de una pandemia que en los últimos meses tuvo a Uruguay entre los diez países con mayor número de casos por cien mil habitantes. En ese contexto el gobierno considera un éxito haber reducido el déficit fiscal bajando el gasto público en salarios, gasto corriente e inversiones. Esa política de “ahorro fiscal” a cuenta de las necesidades de la población llevó a que la pobreza creciera de 8,8% en 2019 a 11,6% en 2020.
Los espacios de negociación y diálogo con el gobierno se redujeron significativamente dado que éste incumple totalmente con la Ley 18.508, de Negociación Colectiva de las Relaciones Laborales en el Sector Público, del 26 de junio de 2009, la cual obliga a que el gobierno debe informar y negociar con los sindicatos todos aquellos aspectos que afecten los derechos laborales, las condiciones de trabajo y los niveles de ingreso. El gobierno desconoce a los sindicatos y no tiene voluntad política de discutir los lineamientos económicos y la planificación de los recursos que se destinan a todos los uruguayos.
La política de ajuste fiscal del gobierno recae fundamentalmente contra los trabajadores que tienen vínculos laborales con el Estado, los que pierden poder adquisitivo, trabajan mucho más –para cubrir la reducción sustancial de personal– y en peores condiciones operativas por la falta de insumos y de inversiones. A su vez, como consecuencia, cae la capacidad de atender en forma oportuna, en cantidad y calidad los requerimientos de servicios de una población que padece la emergencia sanitaria y las graves consecuencias económicas y sociales, agravadas por la falta de medidas económicas paliativas por parte del Gobierno.
La democracia directa nuevamente es el camino para frenar la ofensiva del capital
La unión del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, la Federación de Estudiantes Universitarios y la Intersocial Feministas fueron las fuerzas sociales que vanguardizaron el proceso, al que se sumó el Frente Amplio logrando en conjunto presentar casi 797 mil firmas cuando se requerían 672 mil, para obligar a un referéndum que se realizará, probablemente en marzo de 2021.
La movilización de una fuerza militante muy significativa, que consiguió las firmas a pesar de: las limitaciones que generó la pandemia; la imposibilidad de usar la cadena nacional de radio y televisión por una decisión arbitraria del gobierno; el silencio de los grandes medios de comunicación; la negativa sistemática de los referentes políticos de la coalición de gobierno a participar en debates sobre la LUC.
El gobierno y sus partidos coaligados subestimaron la capacidad de resistencia del movimiento popular, no tuvieron en cuenta que el pueblo uruguayo en múltiples oportunidades ha recurrido al uso de los instrumentos de democracia directa para frenar las leyes contrarias a sus intereses que se aprueban por la democracia representativa. A título de ejemplo, en 1989 se cambió la Constitución para asociar las pasividades a la evolución de los salarios y evitar que se siguieran usando como variable de ajuste de las cuentas públicas; en 1992 se evitó la privatización de empresas públicas.
Haber obtenido las firmas para el referéndum representa en sí mismo un punto de inflexión relevante, en el que la clase trabajadora pasa a la ofensiva poniendo en cuestión el modelo regresivo de país que impulsa este gobierno.
Ahora el desafío es lograr la derogación de los 135 artículos de la LUC, lo que implicará poner un freno, quizás no definitivo, pero contundente a la ofensiva del capital contra el trabajo.
Los artículos que van a referéndum abarcan múltiples áreas. A continuación, se describen sucintamente algunos de ellos.
La ciudadanía pierde derechos y garantías en la seguridad pública que pasa a ser estrictamente punitiva, porque se basa en el aumento de penas, creación de nuevos delitos, ampliación del régimen de legítima defensa, incluyendo la defensa de un bien material (propiedad), la resistencia al arresto, el agravio a la autoridad policial como delito, lo que da mucha mayor discrecionalidad a la policía para reprimir.
La regla fiscal restringe la participación del Estado como motor de la economía nacional y limita las posibilidades de adoptar medidas anticíclicas. Fija una meta indicativa de Resultado Fiscal Estructural para el período de gobierno que tendrá por finalidad la sostenibilidad de las finanzas públicas. La regla fiscal será complementada con un tope indicativo de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía. Es decir, limita el gasto público a través de dos canales: uno, fijando una meta fiscal, el nivel de déficit; otro, fijando topes al crecimiento del gasto público. Esto implica que el gasto no se determina en función de las necesidades económicas y sociales del país, sino por lo que indique la regla fiscal a implementarse.
Lo anterior, sin duda, será utilizado para profundizar las políticas de reducción del aparato de Estado y de su incidencia económica en áreas claves, tales como Educación, Salud, Vivienda, Seguridad Social, etc. Cabe decir que, en el contexto de la pandemia, esto parece ser absolutamente inconveniente.
El derecho de huelga se ve gravemente afectado por un artículo que define la “Libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa”, lo cual no es nada más ni nada menos que garantizar el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Se trata así de impedir cualquier posibilidad de ocupación del lugar de trabajo, prohibiendo de esta manera una clásica y reconocida modalidad del ejercicio del derecho de huelga.
“La huelga, junto a la Negociación Colectiva y al sindicato, conforman la figura triangular del Derecho Colectivo del Trabajo. Estructura en la que, el debilitamiento de uno de sus componentes repercute ineludiblemente en los otros (sin huelga efectiva no hay una auténtica negociación colectiva. Sin sindicato, difícilmente pueda articularse la huelga). La estrategia de los representantes del capital ha sido siempre apuntar contra uno de estos elementos, con la finalidad de quebrar el sistema todo”. (Parrilla, Daniel, Revista Debates y Propuestas, Nro. 3, junio de 2020)
En la misma dirección de restringir y reprimir la resistencia del movimiento popular se declaran ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público. Para lo cual el Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a fin de garantizar el derecho a la libre circulación y el orden público. Para lo cual se lo autoriza a requerir en forma directa el auxilio de otros organismos públicos, lo cual implica que puede recurrir incluso a las fuerzas armadas. A su vez, en caso de hechos de apariencia delictiva, las autoridades actuantes detendrán a los presuntos infractores e informarán de inmediato al Ministerio Público. Esta norma, en combinación con otros artículos de la propia LUC, limita los derechos de huelga, expresión y protesta.

A modo de conclusión

El nuevo gobierno asumió e inmediatamente declaró la emergencia sanitaria. La epidemia fue relativamente controlada durante el primer año de gobierno, pero a partir de abril creció en forma exponencial e incontroladamente -con transmisiones comunitarias a máximo nivel y limitación en la capacidad de respuesta asistencial-, lo que llegó a ubicar a Uruguay entre los tres primeros lugares del mundo en casos por millón de habitantes y que en mayo y junio de este año estuvo en el primer lugar mundial. El número de fallecidos en junio, fue mayor a la cantidad de muertes que se produjeron en el primer año de la emergencia sanitaria. A partir de julio la vacunación masiva, que se inició tardíamente, redujo radicalmente el número de casos y defunciones.
A pesar del agravamiento de la epidemia el gobierno mantuvo su política de priorizar la “libertad responsable” y no tomó medidas de confinamiento parcial o total, simultáneamente tampoco tomo medidas económicas paliativas ante el crecimiento de la pobreza y la indigencia en el país, fundamentando que las medidas de restricción fiscal eran imprescindibles para mantener el grado inversor.
La obtención de las firmas para el referéndum provoca una discusión al interior de la coalición de gobierno en la que uno de los polos sostiene que hay que evitar tomar medidas que generen rechazo en la población para evitar que los descontentos sumen votos para derogar la LUC, en tanto, el otro polo propone seguir, incluso acelerar, la agenda del gobierno.
En el primer punto de la agenda de cambios institucionales que impulsa el gobierno está la reforma del sistema de seguridad social que, si bien no está definida en detalle, se conoce que aumentará la edad de retiro, reducirá las prestaciones que recibirán los pasivos y aumentará la transferencia de recursos hacia el sistema de Administradoras de fondos de ahorro previsional.
Si bien aún no hay elementos para saber si el gobierno “apretará el acelerador o pisará el freno”, está claro que eso incidirá en sectores de la ciudadanía que no tienen posición tomada respecto al referéndum de la LUC, ya que en buena medida al votar a favor o en contra de la derogación estarán votando a favor o en contra de un modelo de país.
Si el gobierno gana el referéndum, se consolidarán las políticas favorables al capital, tales como la reducción del Estado, la mercantilización de los servicios públicos, la privatización de empresas, la flexibilización y precarización del trabajo, la reforma regresiva de la seguridad social. Todo lo cual tendrá como consecuencia el aumento de la desigualdad, la pobreza y la indigencia. En otras palabras, la coalición llevará adelante su agenda y profundizará su programa de gobierno.
Si en el referéndum se derogan los artículos de la LUC, el gobierno tendrá limitaciones importantes para llevar adelante su agenda, a pesar de tener mayorías parlamentarias. Se crean las condiciones para que la izquierda social y política luchen por la hegemonía ideológica en una disputa, que debería estar claramente definida, entre los intereses del trabajo y los intereses del capital.

1. Las firmas del veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar y dentro plazo del año de la promulgación de la Ley.

* Uruguay, GT Crisis y Economía Mundial, docente de la Universidad de la República (1985-2017), Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez, integrante de la REDIU y Secretario de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA).