Pensiones En México: De La Esperanza A La Desesperación

Lizeth Alanis*

40 AÑOS DE PRIVATIZACIÓN DE LAS PENSIONES: ¿Qué nos dejaron? Nicolás Oliva.
Fuente: Observatoriodetrabajadores

La seguridad social se concibe como un derecho humano, independiente de la condición laboral. Comprende una serie de transferencias y servicios de carácter público y solidario que buscan proteger a los individuos ante riesgos del ciclo de vida, enfrentar contingencias, brindar acceso a la salud y un entorno seguro de trabajo. Asimismo, la seguridad social integró la pensión como un mecanismo para garantizar a los trabajadores un retiro digno al término de su vida laboral, proporcionándole un ingreso que le permita hacer frente al riesgo de pobreza en la vejez.
No obstante, la seguridad social ha perdido el propósito para el cual fue creada a partir de las reformas estructurales que llevaron a su privatización, al introducir al sector financiero como administrador de los recursos para la jubilación de los trabajadores.

El sistema de pensiones en México se caracteriza por su fragmentación, desigualdad e inequidad, aunado a los importantes retos que enfrenta como la baja cobertura, el proceso de envejecimiento de la población, o la administración de los ahorros por parte del sector financiero


Dicha privatización tuvo lugar en México con la aprobación de la Ley de Seguridad Social en 1997, transitando de un esquema público de beneficio definido basado en el reparto y la solidaridad intergeneracional, a uno privado de pensiones de capitalización individual para los trabajadores que cotizaban en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el marco de la reforma pensionaria se crearon entidades financieras especializadas, tales son las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) y las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos de Ahorro para el Retiro (SIEFORE), donde las primeras se encargan de la gestión de los ahorros depositados en las cuentas individuales, mientras que las SIEFORE realizan la inversión de los recursos en mercados financieros.
El sistema de pensiones en México se caracteriza por su fragmentación, desigualdad e inequidad, aunado a los importantes retos que enfrenta como la baja cobertura, el proceso de envejecimiento de la población, o la administración de los ahorros por parte del sector financiero, donde las pensiones dependen de las fluctuaciones de los mercados financieros y se ven expuestas a los riesgos de los mismos, bajo esta dinámica se individualizan los riesgos demográficos, financieros, económicos y administrativos, es decir, son absorbidos por el trabajador, pero las ganancias se privatizan.
La reforma de privatización se justificó argumentando insostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, con el fin de adaptarse a los nuevos retos demográficos y aumentar los montos de las pensiones para los trabajadores, sin embargo, esta promesa no se cumplió, por el contrario, ha generado mayor incertidumbre y desigualdad de los montos de las pensiones.
Las desigualdades de la seguridad social y en particular, de las pensiones responden a las existentes en el mercado laboral, ya que se encuentra vinculada a la protección de trabajadores asalariados y formales. Sin embargo, el mercado laboral mexicano se caracteriza por la creciente presencia del sector informal, que, de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicada por el INEGI, para el primer trimestre de 2021 representaba el 56.8% del total de ocupaciones en el país, y que a su vez permanecen excluidas del acceso a la seguridad social derivado de la naturaleza de su trabajo. Por otra parte, la pobreza laboral da cuenta del porcentaje de la población con un ingreso menor al valor de la canasta alimentaria, según el CONEVAL pasó de 35.6% a 39.4% para el primer trimestre de 2020 y 2021 respectivamente (CONEVAL, 2021. Evolución de la pobreza laboral al primer trimestre de 2021, htpps://www.coneval.org.mx).

Para aquella población excluida de la seguridad social supuso un mayor impacto asumir los costos de la pandemia, ya que tendrían que depender solamente de sus ahorros para acceder a servicios de salud, encontrándose en una situación de mayor vulnerabilidad respecto a la población asegurada.


Durante la pandemia de covid-19 quedaron expuestas las distintas facetas de la desigualdad, afectando tanto al sector formal como el informal, con la pérdida de empleos formales y mayor precarización de las condiciones laborales para aquellos con ocupaciones informales o que se encuentran en situación de subocupación, profundizando las brechas salariales y de género. Para aquella población excluida de la seguridad social supuso un mayor impacto asumir los costos de la pandemia, ya que tendrían que depender solamente de sus ahorros para acceder a servicios de salud, encontrándose en una situación de mayor vulnerabilidad respecto a la población asegurada. En el caso de las mujeres trabajadoras, supone una mayor disparidad; sumado a la desigualdad de ingresos y menor acceso al empleo formal y por tanto a la seguridad social, se tiene una doble o triple jornada laboral que desempeñan desde casa.
En este contexto, se observa como el sistema privado de pensiones y la capitalización individual no ha beneficiado a los trabajadores, pero si a las AFORES e inversionistas institucionales, que logran apropiarse de las ganancias obtenidas a través de la administración de las cuentas individuales y las inversiones en los mercados financieros y de capitales, tales beneficios no se ven reflejados en el aumento de las pensiones de los trabajadores, sin embargo, el riesgo si se traslada para el trabajador.
Los cambios en las regulaciones de las pensiones han causado que éstas dependan cada vez más del riesgo vinculado a las variaciones de los mercados financieros, generando una mayor incertidumbre sobre el monto de la jubilación que recibirá el trabajador en el retiro, a este proceso se le denomina financiarización de pensiones. Las AFORES administraban para marzo de 2021 cerca de 4.7 billones de pesos, que representaban 20.7% del PIB. Las cuentas administradas por las AFORES correspondieron a 68.7 millones al cierre de abril de 2021, de las cuales cinco concentran cerca del 80% de las cuentas individuales de ahorro, tales son Azteca, Coppel, Citibanamex, XXI Banorte y SURA (CONSAR, 2021. El SAR en números, marzo, https://www.gob.mx). En suma, el objetivo del sistema de pensiones no se cumple, por el contrario, ha permitido dinamizar los mercados de capitales, privilegiando los intereses del sector financiero por encima de la estabilidad financiera y prestaciones sociales de los pensionados.
La pandemia de covid-19 profundizó los problemas existentes del sistema de pensiones mexicano, evidenciando las desigualdades entre el sector formal e informal de trabajadores, la amplia diferencia del ingreso que a su vez determina la posibilidad de ahorro. La cobertura de la seguridad social en el país está íntimamente ligada a las condiciones del mercado laboral, y solamente a través del trabajo formal se puede reunir los requisitos de cotización para lograr acceder a una pensión en el retiro, quedando excluidas otras modalidades de contratación como subcontratación, trabajo por cuenta propia, proyectos por contrato y tiempo determinado – a reserva de las recientes reformas en materia laboral -. Se observa como los resultados de la privatización de la seguridad social no fueron los mejores para la clase trabajadora y ha sido el sector financiero el ganador, a pesar de la crisis sanitaria actual, las AFORES lograron acumular plusvalías, mismas que no se trasladaron al aumento de las jubilaciones.
Cabe señalar que sin importar que se cuenta con una nueva reforma al sistema de pensiones, es importante continuar en la búsqueda de alternativas que permitan resolver los problemas más apremiantes, ya que, de lo contrario, se mantendrá la dinámica actual, la cual ha demostrado que no cumple con las expectativas de acceder a un retiro digno de los trabajadores.

*México, Becaria del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc-UNAM).