COLOMBIA: CRISIS Y REBELIÓN SOCIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Carolina Jiménez Martín* 

Izquierda Revolucionaria - Colombia: levantamiento de la juventud contra la  violencia policial y la crisis capitalista
Fuente: Izquierda Revolucionaria

En lo corrido del año 2021 tres acontecimientos han signado de modo significativo las dinámicas y trayectorias sociales y políticas en Colombia: 1. La crisis social profundizada por la emergencia sanitaria del COVID-19; 2. La movilización social abierta simbólicamente el 28 de abril; y 3. Los debates en torno a la implementación del Acuerdo de Paz.

Emergencia sanitaria COVID-19: Gestión gubernamental y crisis social

Los efectos sociales y económicos de la pandemia en Colombia han sido brutales. Según datos oficiales del DANE la pobreza monetaria creció un 7% alcanzado al 42,5% de la población y la pobreza monetaria extrema se incremento en un 6% agobiando al 15,1% del total nacional. Esto nos arroja que el 57.6% de los y las colombianas viven en condiciones de pobreza. Estas cifras, aunadas a las de las personas en condición de vulnerabilidad, nos indican que el 73% de la población del país vive en condiciones precarias.

Lo anterior guarda estrecha relación con la explotación y precarización de la fuerza de trabajo. Según datos del DANE se registra un tasa de desempleo del 14,2% (3,4 millones de personas); ocupación 51,7% (20,8 millones) y 16 millones en inactividad. De la población empleada el 49% lo hace en condiciones de informalidad.

Estas cifras tienen un correlato con el índice de GINI por ingresos. Colombia, registra un índice  de 0,53 en 2019, cifra que nos ubica como el segundo país más desigual de América Latina, solo superado por Brasil. En lo corrido del siglo XXI países como Bolivia, Paraguay, Argentina y Salvador presentan tasas de variación porcentual entre -29% y -20% respectivamente, para el caso colombiano solo se registra una variación del 3%.  

Pese al impacto dramático que ha tenido la emergencia sanitaria en la vida del grueso de la población, el Gobierno de Iván Duque ha tenido una gestión regresiva y represiva. Aunque se activaron algunas medidas sociales dirigidas a las clases populares, éstas ciertamente han sido insuficientes y precarias. En contraste se impulsaron políticas que favorecieron a los grandes conglomerados económicos, especialmente los financieros (alivios y aumento de liquidez), lo cual explica el crecimiento de sus ganancias.

Ante la incapacidad de impulsar una política social que garantice condiciones de vida digna para todas y todos, y en respuesta a las demandas de los grandes conglomerados económicos; el gobierno optó por flexibilizar el confinamiento y permitió una reapertura sin condiciones de bioseguridad para las clases trabajadoras. El saldo en términos de muertes y contagios es dramático; desde la declaración de la pandemia se reportan casi 5 millones de infectados y 124.000 muertes. Ubicándonos en el ranking de los 10 países más afectados en el mundo.

En medio de estas difíciles circunstancias el presidente radicó en el mes de abril una propuesta de reforma tributaria la cual aumentaba los impuestos a las clases populares vía ampliación del IVA y la reducción del monto de ingresos anuales para la declaración de renta. En el mismo sentido, presentó una reforma a la salud que privatizaba a un más un servicio altamente mercantilizado. Estos proyectos de ley impulsaron el estallido social abierto el 28A.

En el mes de Julio el Gobierno radicó dos proyectos de ley que no generan márgenes efectivos para reducir la desigualdad, resolver la pobreza e impulsar la reactivación económica. El nuevo proyecto de reforma tributaria, aunque menos regresivo que el anterior, no transforma las condiciones tributarias del país, mantiene una orientación asistencialista y altamente focalizada e incluso reduce el porcentaje de hogares que serían beneficiarios del pírrico ingreso solidario.

Por su parte, el proyecto de presupuesto general de la nación advierte, entre otros, sobre dos asuntos. En primer lugar, representa una caída frente a su participación del PIB (22,7%). Esta cifra contrasta con años anteriores (2004 proporción del PIB fue de 26,5%, y en 2018 del 24,3%); el 48,7% corresponde a amortizaciones y el 51,3% a pago de intereses y comisiones porcentaje que invierte la tendencia a la baja que se venía presentando (Gobiernos de Pastrana 9,5% del PIB, de Uribe 7,3% y en Santos 5,9%). En segundo lugar, implica un incremento porcentual del 10% destinado al servicio de la deuda, pasando del 6,4 a 6,5 del PIB; el 48,7% corresponde a amortizaciones y el 51,3% a pago de intereses y comisiones.

Paro y rebelión social en Colombia

El 28A miles de mujeres y hombres, la mayoría de ellas jóvenes, expresaron su rechazo al gobierno de Iván Duque y al proyecto económico y político que él representa. La movilización tuvo un intenso despliegue durante los meses de mayo y junio.

Sin duda los triunfos más significativos y abarcantes son aquellos referidos a la ampliación y fortalecimiento de la organización social y comunitaria, la comprensión de amplios sectores sociales populares de las causas y razones de la crisis, las redes de articulación, los debates nacionales y las asambleas populares sobre las transformaciones requeridas, la crisis de legitimidad de la fuerza pública y el desvelamiento de la doctrina antidemocrática y contrainsurgente con que el Estado repele el derecho legítimo a la protesta.

Entre las ganancias parciales se destacan: el retiro de los proyectos de ley de reforma tributaria y de salud, la renuncia del ministro de Hacienda, la decisión de la Corte Constitucional de revivir las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, algunos alivios tributarios para micro y pequeñas empresas, ciertos programas de política social acordados con mandatarios locales, anuncios de apoyo financiero para las matriculas de estudiantes de universidades públicas, entre otros asuntos. 

Ahora bien, la movilización estuvo empañada por la violación sistemática de los DDHH. Según el registro de la ONG Temblores entre el 18 de abril y el 26 de junio (https://www.temblores.org/comunicados) se identifican 44 homicidios cuyo presunto agresor es la fuerza pública, 4687 casos de violencia policial, 2005 detenciones arbitarias, 82 victimas de agresión en los ojos, 28 victimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, 228 casos de disparos con armas de fuergo por parte de la policía y hasta el 22 de junio permanecían activos 77 mecanismos de Búsqueda Urgente.

Pese a lo anterior, es posible afirmar que este Paro Nacional refleja que asistimos a un proceso acumulativo de fuerzas y de comprensiones y aprehensiones sociales frente a la construcción de un proyecto político de país diferente en el que queremos y merecemos vivir. El camino recorrido es importante, pero demanda la profundización del trabajo organizativo y de la deliberación colectiva y territorial. Solo estos procesos podrán fortalecer y profundizar las dinámicas y procesos constituyentes en curso.

Implementación del Acuerdo Final de Paz

Surtidos 5 años de la firma del Acuerdo Final de Paz asistimos a un caleidoscopio de asuntos que arroja una multiplicidad lecturas sobre las transformaciones vividas. Aunque el balance de la implementación, apegado a lo efectivamente acordado, es desolador. También, se han desplegado una serie de procesos, entre ellos las grandes movilizaciones sociales de 2019 y 2021, que parecen indicar la configuración de un nuevo momento de comprensión y organización social. 

La crisis de la implementación es evidente. Los informes alertan sobre retrasos, dilaciones e incumplimientos frente a lo acordado; situación que ha valido justas caracterizaciones como La Paz pospuesta y La Paz negada.

Pese a lo anterior, existen múltiples voces, especialmente de jóvenes, campesinos, mujeres y víctimas del conflicto, que incluso en medio de la crisis social y humanitaria que padecen, apuestan por seguir caminando en la construcción del horizonte de transformación social que se abrió con la firma de la Paz. De ahí que una de las consignas de la movilización sea el cumplimiento de lo Acordado.

Ahora bien, esto se enfrenta a las rigideces y acciones reaccionarias de la fracción más guerrerista y conservadora del bloque en el poder encarnada en la figura del expresidente Álvaro Uribe. Éste sigue negando la existencia del conflicto armado, rechazando el Acuerdo de la Habana y desconociendo cualquier responsabilidad frente a los hechos de violencia. Así lo hizo explicito en el grotesco encuentro que sostuvo con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad el pasado 16 de agosto.

El escenario es complejo y dilucida un debate electoral para el 2022 que podría sumar a los esfuerzos transformadores impulsados en este momento de rebelión social.


* [i] Colombia, GT Crisis y Economía mundial, directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia.