FINANCIAMIENTO DE EE.UU. A MÉXICO EN TIEMPO DE LA 4T

Aníbal García Fernández*

El imperialismo estadounidense y su mito sobre la defensa de los derechos  humanos | Borroka Garaia da!
Fuente: Borroka Garaia

De acuerdo con la caracterización de Loreta Tellería sobre seguridad publicada en NA XXI, núm. 55, las amenazas son identificadas no sólo contra Estados, sino contra el ser humano. Tellería menciona que, además de guerras de carácter convencional, nos encontramos ante el surgimiento de guerras híbridas que avanzan hacia la militarización de la seguridad.

En el caso de México, la militarización de la agenda de seguridad fue mucho más evidente desde la aplicación de la Iniciativa Mérida (IM) en 2007, que en sus cuatro grandes pilares, promovió el “Estado de derecho” y la “Frontera del siglo XXI” para ampliar la presencia estadounidense hasta Guatemala y militarizar al país. Esta agenda se complementa con las reformas sociales, económicas y políticas. En ese sentido, la IM cumple con los objetivos de los manuales de contrainsurgencia (FM 3-24 MCWP 3-33.5, 2204, “Insurgencies and countering insurgencies”) en los que se destaca que el elemento de la seguridad es esencial para la construcción del Estado de derecho, pues “para tener éxito en contrarrestar una insurgencia, el gobierno de la nación anfitriona debe desarrollar sus sistemas legales y de resolución de conflictos, incluidas las fuerzas policiales, los sistemas judiciales y las instalaciones penales” (Department of Army, idem.).

Tras la militarización de la IM, es evidente que el Estado de derecho impulsado por las reformas estructurales y la conformación de un Estado de contrainsurgencia forman parte de la agenda de seguridad. Estos aspectos, no serían posibles sin la asistencia militar y para el desarrollo brindada por EE.UU., por ello, como mencionó Fernando Carmona, retomando a J. Silva Herzog, “en toda la historia de México como nación, se observa un fantasma, el fantasma de EE.UU.”.

Asistencia militar

Según el portal de USAID Explorer (consultado en mayo, 2021), México es el tercer país que recibe asistencia militar y económica en Nuestra América, sólo por detrás de Colombia y Haití. La asistencia militar a México está conformada por el Departamento de Defensa, de la Armada, de Justicia (bajo programas antinarcóticos y de asistencia judicial), Departamento de Estado, el Departamento del Suelo Patrio, de la Fuerza Aérea, el Ejército y la USAID. Estas instituciones han otorgado financiamiento por 241 millones de dólares entre 2018-2020. El 98% del financiamiento lo tiene el Departamento de Defensa y se encuentra concentrado en la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (238 millones) y en la Oficina Antinarcóticos (7.8 millones).

Dentro de la Agencia de Cooperación, hay 17 subprogramas entre los que destacan dos. El primero tiene por objetivo apoyar programas de entrenamiento y equipo para las fuerzas armadas del país receptor. “Los equipos del país trabajan a través de los Comandos de combate geográficos del Departamento de Defensa (COCOM)”. Este curso comenzó en 2018 y tuvo financiamiento por 55.3 millones de dólares. El otro subprograma es un crédito otorgado “para la adquisición de artículos de defensa, servicios de defensa y servicios de diseño y construcción”. El crédito fue por 169 millones. Un aspecto por destacar es que la oficina Antinarcóticos, ha bajado su financiamiento desde 2010 cuando otorgó 104 millones de dólares tan sólo ese año y entre 2018 y 2019 México recibió 7.8 millones para “capacitación y equipo, para combatir el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado transnacional”.

Hay tres cursos que tuvieron las fuerzas de seguridad mexicanas, que son relevantes: Sección 333 Fomento de la capacidad de los asociados, 744 entrenados; Educación y entrenamiento militar internacional, 127; Fiscalización Internacional de Estupefacientes y Aplicación de la Ley, 113 y Programa de becas de lucha contra el terrorismo, 26 personas entrenadas, según la base del Securitiy Assitance Monitor. Este tipo de cursos, no son exclusivos de México, se amplían en Nuestra América, muchos, realizados en la ex escuela de las Américas ahora Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC), en el cual, los cursos también los decide el Comando Sur para que tengan concordancia con las estrategias de seguridad regional.

Asistencia económica

La asistencia económica o para el desarrollo implica a más agencias y Departamentos del gobierno estadounidense, como el Departamento de Energía, de Estado, Trabajo, Justicia, Agricultura, Comercio, la USAID, entre otros. Sin embargo, es la USAID, la que se lleva más del 88% del financiamiento, unos 147.5 millones de dólares entre 2018-2020.

Dentro de la USAID hay varios subprogramas, pero en el caso de México, como en otros de la región, destaca el Buró de América Latina y el Caribe como uno de los que concentra el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, asociaciones y ONG diversas. Este Buró concentró casi la totalidad del financiamiento (99%) con 146.1 millones de dólares. A continuación, se destacan algunas asociaciones, no por el monto de financiamiento sino por la importancia que tienen para los objetivos de la IM y las redes de poder que establecen entre agencias, organismos, instituciones y actores políticos.

Management Systems International recibió 38.6 millones para el apoyo directo o indirecto a nivel estatal y federal del programa PROJUST. Este programa, que ha tenido varias versiones y continuidad desde 2005, tiene el objetivo de ayudar para pasar el “punto de no retorno” en reformas del sistema de justicia, y, por lo tanto, “contribuir a los esfuerzos más amplios del gobierno de los EE.UU. y del de México para mitigar los conflictos, reducir la impunidad y promover un sistema de justicia más transparente y eficiente”. Esta empresa también fue contratada para el programa “PRODERECHO” y “Rule of Law III”. Este es quizá uno de los rubros más importantes pues permitió actualizar los sistemas judiciales, la creación de la fiscalía y tiene también intercambios y preparación de jueces y fiscales, como el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, quien fue a un curso del FBI (shorturl.at/emCFM).

“Enterprise-Non United State Other” tiene catorce programas entre los que destaca el financiamiento al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) para apoyar el sistema nacional anticorrupción, el cual fue financiado con 485,888 dólares. A su vez, el IMCO es donante de México Evalúa, asociación que recibió de la USAID 85,679 dólares entre 2018-2020.

El IMCO concatena en su consejo directivo al grupo de empresarios mexicanos que se beneficiaron de la política neoliberal en los últimos 35 años y a los principales opositores al gobierno actual. Destacan Antonio del Valle (Grupo Kaluz) y Valentín Diez Morodo (Grupo Modelo), vinculados a través de Orbia antes MEXICHEM; Antonio Purón socio de McKinsey, en donde también está Adrián Lajous Vargas, ex director de PEMEX (1994-1999). Están presentes Eugenio Clariond de ENERGEX y miembro de los Grupo Cuprum, Grupo Cleber y Grupo Fultra; Gabriela Hernández de General Electric, Alejandro Ramírez de CINEPOLIS, Emilio Carrillo de Southern Cooper Corporation, que a su vez forma parte de Grupo México. No faltan Roberto Newell de Wal-mart de México, ligado a Banco Finterra y ligado al Wilson Center, think tank en el que también está Luis de la Calle, miembro del IMCO. Destacan también Maria Amparo Casar (Nexos y CIDE) y Claudio X. González (Kimberly Clark), miembros de Mexicanos contra la corrupción (MCC) formada por este último (https://tinyurl.com/vdymdy7k).

Mexicanos contra la corrupción tiene vínculos con “Nexos”, “México ¿Cómo vamos?”, “Causa en Común” (que recibió 50 mil dólares de EE.UU. en 2019) y colabora con Borde Político, otra asociación con financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED). [https://bit.ly/3c3DNwR].

El interés imperialista por promover el “Estado de derecho”, autonomizar al sistema judicial y a las fuerzas armadas, forma parte de un proyecto de seguridad en clave militarizada que se conjuga con reformas estructurales. La tendencia hacia la guerra híbrida (Andrew Korybko) obliga a replantear los elementos que conforman la militarización de la seguridad y dar luz a otros fenómenos como la asistencia para el desarrollo que contribuye a la formación de estructuras sociales y políticas.

Estos aspectos, de carácter estratégico y de seguridad, atentan contra el ser humano, toda vez que implican un alto costo social, desempleo, pobreza, desaparecidos, desplazados, y graves atentados como los golpes de Estado en Bolivia, Honduras o Brasil.


* México, GT Crisis y economía mundial y GT Antiimperialismo: perspectivas transnacionales en el sur global, estudiante del posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM.