LA TRAMPA DE LA DEUDA EN ARGENTINA Y SU ACTUAL RENEGOCIACIÓN

Lucas Castiglioni[*]

Francisco Cantamutto*

Fuente: Radio Gráfica

La COVID-19 no solo implicó una pandemia, sino que trajo aparejada una crisis global de dimensiones históricas, que incluyó serios problemas para las deudas soberanas. En la Argentina este marco se combina con una crisis en curso desde 2018, marcada en especial por la renegociación de deuda. Presentamos aquí los principales rasgos de la situación de endeudamiento del país, para detenernos en especial en las negociaciones con el principal acreedor externo, el Fondo Monetario Internacional.

La situación actual

La presidencia de Mauricio Macri representó un hito en la historia de la deuda argentina. En el corto período que va de 2015 a 2019, (i) aumentó la deuda pública total; (ii) se incrementó el peso de la deuda en relación al PBI; (iii) se tomó más deuda en moneda extranjera; (iv) la nueva deuda se tomó bajo jurisdicción extranjera; (v) y después de 15 años se volvió a establecer un Acuerdo Stand By con el FMI (en junio y en octubre de 2018 se firmó un programa de préstamos que por 57.100 mdd, de los cuales se giraron poco más de 44.000 mdd).

Este cuadro de situación configuró un apretado cronograma de pagos durante los primeros años de la presidencia de Alberto Fernández. Ya desde tiempos previos a la pandemia, el gobierno argentino inició tratativas para la renegociación de la deuda externa con los diferentes acreedores, en aras de reponer la sostenibilidad de la misma. En tal sentido, envió un proyecto de ley que fue aprobado con apoyo de todo el Congreso, a excepción de la izquierda trotskista. La lógica propuesta era que los pagos de deuda fueran compatibles con el crecimiento de la economía, y la generación de superávit fiscal y externo. Esta lógica no se vio alterada cuando estalló la pandemia, a pesar de las urgencias que impuso. De hecho, en 2020 se alcanzó acuerdo con los acreedores privados, y en 2021 se logró una extensión de los plazos con el Club de París.

La reestructuración con los acreedores privados de junio de 2020 supuso canjear 65.533 mdd por nuevos bonos, con una extensión de los plazos de maduración, una leve quita de capital y la reducción de las tasas de interés. Entre los bonos reestructurados se encontraban el bono a 100 años de 2017 y dos correspondientes al acuerdo con los fondos buitre de 2016, los tres cuestionados en la justicia. En relación a la deuda oficial con el Club de París, en junio de este año se alcanzó un entendimiento por 2.437 mdd para el pago parcial durante el 2021 y una reapertura en 2022 supeditada al desenlace del arreglo con el FMI.

Siempre en la búsqueda de mayores plazos y menores tasas de interés, al momento de escribir esta nota está en proceso de firma de un nuevo acuerdo con el FMI. En ninguna de estas instancias, la dimensión histórica de la presente crisis formó parte de las negociaciones, ni la co-responsabilidad de los acreedores en sus operaciones de crédito, ni la dudosa legalidad de los instrumentos utilizados.

Las renegociaciones con el FMI

A pesar de que el propio FMI reconoció la no sostenibilidad de la deuda en 2020, jamás abandonó las pretensiones de renegociación. Durante ese año, no había vencimientos con el organismo, de modo que pudo desplazarse del centro de la escena, alegando la necesidad de un mayor sacrificio de los acreedores privados. A pesar de ello, la quita lograda fue un tercio más baja de lo que el FMI sugería. En 2021, aun con la crisis sanitaria, económica y social en curso, el organismo reanudó sus pretensiones, esta vez con vencimientos por casi 4.000 mdd en el último tramo del año.

El acuerdo Stand By de 2018 supone una responsabilidad por partida doble, tanto en el gobierno argentino de Cambiemos como en el organismo. En lo local, se pactó un acuerdo para el cual no había acto administrativo ni mandato legal habilitante, ni opinión de factibilidad por parte del Banco Central o la oficina de Presupuesto del Congreso, todos argumentos legales que cuestionan su validez. El FMI, por su parte, no solo excedió la cuota habilitada para el país, sino que prestó cuando todas las condiciones observables indicaban que los fondos serían fugados del país, alimentando así la crisis cambiaria. Se violaba así el Estatuto del organismo, cuestión que no se resolvió en ninguna de las revisiones técnicas que permitieron la continuidad de llegada de fondos hasta agosto de 2019. Fue un préstamo récord, el mayor brindado a un solo país, suponiendo casi dos tercios de la cartera de crédito del FMI, habilitando más fondos que para todos los países para atender la pandemia.

Se trató de un gesto de apoyo político de parte de Estados Unidos al gobierno de Macri, que, aun así, perdió las elecciones. Sin embargo, no debe entenderse esto como una inversión fallida: en los hechos, la negociación en curso valida esta cuantiosa e ilegal deuda de manera tal que logró efectivamente condicionar los años venideros a los designios políticos de los acreedores. En tal sentido, y a pesar de la evidencia reunida, que incluye estudios del Banco Central de la Argentina y denuncias de parte del propio Procurador nacional, la negociación sigue su curso hasta el presente.

Evitando el escrutinio público, el acuerdo con el FMI no se somete a discusión, a pesar de tener elecciones legislativas nacionales entre septiembre y noviembre del presente año. Según trascendió en la prensa local, se firmaría un cambio del SBA a un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) a 10 años, con 4 o 5 años de gracia y con una reducción de la tasa de interés del 4,05% al 1,05%. Este tipo de programa del FMI implica no solo revisiones del organismo y consolidación fiscal (se espera lograr el equilibrio fiscal para 2025), sino también reformas estructurales. Para el caso argentino, aparentemente involucraría (a) reforma impositiva (para “incentivar la inversión”), y (b) flexibilización laboral. Así, se abandonaron pretensiones de quitas o reconocimientos de co-responsabilidad, así como considerar en los arreglos de la deuda a los objetivos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la plena garantía de los derechos humanos consagrados en la Constitución.

Las únicas concesiones serían una reducción de los sobrecargos por el préstamo por encima de la cuota y que se dejaría abierta la posibilidad de que la Argentina acceda a un nuevo tipo de acuerdo en caso de que se habilitara alguno con mejores condiciones en las próximas reuniones del organismo. Argentina, al ser un país de ingresos medios, no ha accedido a las medidas de alivio de deuda establecidas entre el FMI, el Banco Mundial y el G20. Recientemente, el FMI aprobó la emisión de Derechos Especiales de Giro para otorgar liquidez a los países ante la crisis. En el marco de un nuevo acuerdo en ciernes, el gobierno argentino utilizará estos fondos no para lidiar con la pandemia, sino para pagar vencimientos de deuda del país con el propio FMI. Un verdadero contrasentido.

Vale recalcar que el FMI no actúa aislado. Tanto los acreedores privados como los Estados que integran el Club de París han instado a un acuerdo, amenazando con potenciales problemas en caso de no avanzar. Llamativamente, entre los actores interesados en la firma del acuerdo también debemos incluir a China, que condicionó posibles inversiones a un entendimiento dentro de los marcos del organismo. De modo que la Arquitectura Financiera Internacional continúa operando sin tregua sobre la delicada situación argentina.

Reflexiones finales

Durante la pandemia, la deuda soberana creció como un problema en todos los países de la periferia. Argentina no es una anomalía, sino apenas un caso particularmente sensible por ser una economía de tamaño medio y muy endeudada. En este sentido, la reestructuración con los acreedores privados en 2020 no propuso un cambio significativo de las reglas de juego, sino que “permitió ganar tiempo”. Un esquema similar buscar replicar el gobierno nacional en la actual renegociación con el FMI: un acuerdo de facilidades extendidas. En ambas negociaciones no hay una discusión ni de la Arquitectura Financiera Internacional, en general, ni de la posición internacional de la Argentina, en particular. No se aprovecharon instancias de investigación del endeudamiento, no se buscó construir un club de deudores ni tampoco se apeló a las razones de la situación de crisis marcada por la pandemia para renegociar la deuda. A pesar de que el gobierno cuestione el ciclo de endeudamiento previo, las deudas están siendo negociadas sin dejar de cumplir.

Este camino conducirá necesariamente a que el país persista en su actual inserción externa -debido a la urgencia por obtener divisas para los pagos-, así como el relegamiento de necesidades sociales –debido a la urgencia por obtener excedente fiscal-. Las promesas de cambio estructural y mejora de la distribución del ingreso no son compatibles con el pago de la deuda.


[*] Argentina, GT Crisis y Economía Mundial, FISyP.

** Argentina, IIES UNS-CONICET, SEC.