Josefina Morales*
La política económica de la cuarta transformación en México tiene tres ejes estratégicos paralelos a la lucha contra la corrupción y el despilfarro faraónico de las administraciones anteriores: la lucha contra la desigualdad en la distribución y apropiación de la riqueza; la recuperación estratégica de la soberanía energética con el rescate de las empresas públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Compañía Federal de Electricidad (CFE); y un desarrollo regional que atiende al sureste, la región socialmente olvidada del país, a pesar de que ha proporcionado parte sustancial del petróleo y de la energía eléctrica.
La lucha popular por el rescate de nuestros recursos energéticos cruza el siglo XX con la expropiación petrolera y la creación de la CFE en 1937, decretadas por el General Lázaro Cárdenas y la nacionalización de la energía eléctrica, en 1960, con el presidente Adolfo López Mateos que estableció en el artículo 27 constitucional que “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”. Y advirtió que podrían volver a presentarse los intereses traidores a la patria para entregar nuestros recursos al extranjero.
La contrarreforma en el sector eléctrico se inicia con Salinas de Gortari que en 1992, en la negociación del TLCAN, cuando a finales de los noventa declara que el servicio eléctrico no es un servicio público; continúa con Ernesto Zedillo que crea la figura de productores independientes de energía, de autoabastecimiento y cogeneración, contra el monopolio púbico, y abre paso a la participación del capital extranjero en la generación eléctrica; continúa con los intentos de Felipe Calderón en 2008 de reforma eléctrica que son frenados en el senado y llevó a cabo, en 2009, el cierre fulminante de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que deja sin trabajo a 44 000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que se oponía a la privatización; y culmina con la reforma entreguista de Peña Nieto en 2013.
La reforma de Peña Nieto, resume Víctor Rodríguez Padilla, “consistió esencialmente en: a) reducir el alcance del servicio público, b) desintegrar vertical y horizontalmente la cadena de suministro, y c) introducir la competencia en la generación y comercialización, así como conservar para el Estado la operación de las líneas de transmisión y distribución, el despacho eléctrico y la operación del mercado mayorista.” (“Industria eléctrica en México: tensión entre el Estado y el Mercado” en Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, México, vol. 47, núm. 185, abril-junio, 2016, p. 35).
Y se crearon los órganos autónomos en el ramo para garantizar el interés privado. El costo de esta irracionalidad privatizadora es enorme, pues adicionalmente se dan tantas canonjías por años y años al capital privado, nacional y extranjero, que comprometieron la estabilidad financiera de la CFE: su objetivo destruirla y prácticamente desaparecerla a corto plazo.
La energía es un recurso estratégico de la nación, sin gasolina no tenemos transporte, transporte de personas, de mercancías, de insumos y productos industriales, de alimentos; sin energía eléctrica no hay producción ni comercialización, no podría realizarse ninguna actividad económica; sin la energía eléctrica los hogares no tendríamos luz, luz para trabajar y estudiar en casa, luz para el refrigerador que guarda la comida, luz para el descanso con lectura, música o televisión.
A nivel internacional existen empresas públicas de electricidad ya que también se ha considerado históricamente, hasta antes del neoliberalismo, un servicio público. En 2016, según la OCDE, el 62% de la generación eléctrica en el mundo era público cuando 32 de las 50 más grandes compañías en el mundo eran públicas.
Las cinco empresas estatales de electricidad más importantes del mundo en 2021 eran: Enel, de Italia, con 71 mil millones de dólares de ventas; EDF de Francia; Tepco de Japón; y Vantenfall en Suecia. La japonesa fue creada en 2011, después de la tragedia nuclear de Fukushima.
La sueca Vattenfall, formada a principios del siglo XX, producía en sus inicios energía hidroeléctrica y a finales del siglo XX generaba con energía nuclear de 7 reactores. En las últimas décadas, con el boom petrolero, se fue por la energía fósil y en 1980 se votó por eliminar la energía nuclear.
Incluso Estados Unidos tiene numerosas empresas públicas regionales y una gran empresa de energía renovable, Autoridad del Valle de Tennessee, fundada en 1933, durante la gran depresión, y tiene 29 presas hidroeléctricas. Quebec, Canadá, fundó una empresa pública en 1944.
Inglaterra tenía el monopolio estatal de la generación eléctrica, Central Electricity Generating Board, antes de las privatizaciones impulsadas por Tacher y compañía.
En Francia, el Estado fundó, después de la segunda guerra mundial, Électricité de France, después de un proceso de nacionalización de diversas empresas, hoy primer productor y distribuidor de electricidad en Europa, que inició el proceso de privatización desde 2005; sus trabajadores se opusieron a la privatización en 2019; tiene centrales nucleares; y actualmente proyectos de entrada de capital privado a “energías limpias”. Hoy el Estado posee el 83.7% y tiene una mayor participación en el mercado nacional, mientras Engie, una trasnacional privada de generación eléctrica y servicios, petrolera, de gas y energías renovables, con 63.6 mil millones de dólares de ventas el año pasado, que es la segunda empresa trasnacional más grande de servicios públicos, tiene el 24% del mercado eléctrico francés.
En Italia, el Estado tiene 23.6% de la empresa Enel que hoy participa con el 11% del mercado eléctrico en ese país, fue pública en sus inicios en 1962 y privatizada en 1999 después de la liberación del mercado eléctrico en ese país.
En España, Endesa (Empresa Nacional de Electricidad, empresa pública, fue fundada en 1994 y en 1988 se inició su proceso de privatización.
En Brasil, Electrobas, empresa pública, participa con el 29% de la generación eléctrica y posee más de la mitad (57%) de las líneas de trasmisión y el 88% de su generación es de hidroeléctricas; en Argentina EDESUR (Empresa Distribuidora de Energía Sur Sociedad Anónima), es una empresa privada de distribución y comercialización, fundada en 1992, a quién se le otorgó una concesión por 95 años y ha dado pésimo servicio con frecuentes apagones en la ciudad de Buenos Aires.
La irracionalidad y la avaricia de los grandes capitales en el sector energético se exhibe, una vez más, en España, en donde las mismas empresas a las que se entregó parte de nuestros recursos eléctricos, como Iberdrola, la sexta empresa eléctrica más grande del mundo con 37.8 mil millones de dólares de ventas en 2021, no sólo proporcionan un mal servicio, sino que en semanas de diciembre y de enero, en medio de un crudo invierno multiplicó el costo de la energía.
La financiarización está presente en el sector a nivel internacional. BlackRock, por ejemplo, uno de los gigantes, que se define como compañía de gestión de inversiones globales tiene participación en múltiples empresas de diversas actividades, farmacéuticas, entre otras las productoras de vacunas, también está presente en el sector eléctrico internacional; tiene, por ejemplo, el 3% de Repsol luz y gas.
En México, a partir de la iniciativa presidencial de AMLO para la recuperación de la de la rectoría del Estado sobre este sector estratégico con la generación de más de la mitad de la electricidad por la CFE, se redobló la guerra judicial, amparo tras amparo, y una ofensiva mediática redoblada; en las primeras semanas de 2022 la reacción amenaza con realizar demandas en instancias internacionales y hasta fueron a Washington a llorar como plañideras
Hoy, la recuperación de la rectoría del Estado en el sector eléctrico está en el debate público, parte se recoge en los canales públicos y en algunos programas de radio, y está presente desde luego en las redes; se ha recogido muy escasamente en la televisión privada en las últimas semanas y a lo largo de este foro se ha exhibido la contrarreforma de Peña Nieto con sus terribles saldos negativos.
En la actual propuesta de reforma constitucional en materia de energía eléctrica, se parte del reconocimiento de que la reforma constitucional de 2013 fue una reforma regresiva, despojo, asalto en descampado, desaparición de las empresas energéticas del Estado y beneficios ilimitados al sector privado. El desmantelamiento de una industria eléctrica de carácter integral con lo que se debilitaba la seguridad energética y la seguridad nacional. Se demuestra que esta reforma es insostenible.
Frente a ese acto de traición a la patria y nido de corrupción, la iniciativa de reforma constitucional presenta por AMLO propone un nuevo sistema eléctrico integrado en el cual el Estado, con el 54% del mercado, recupere la conducción, la rectoría, del sistema eléctrico nacional, su planeación y control, para afianzar la seguridad eléctrica del país y asegurar costos favorables para los intereses nacionales y populares; también reserva para la nación el litio como mineral estratégico. La mejor propuesta sería, desde luego, la completa nacionalización del sector que enfrentaría mayores demandas internacionales.
Hoy, las fuerzas populares en nuestro país tienen que volver a estar presente en defensa de la soberanía nacional, en el rescate de la electricidad nacional y de la CFE. ¡Todos al zócalo en defensa de nuestra soberanía y por el rescate de la electricidad nacional!
* México, GT Crisis y Economía Mundial, investigadora del IIEc-UNAM, presidenta de SEPLA. Ponencia en el Foro de Análisis de la Propuesta de Reforma Eléctrica, organizado por la UAM-A.
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